Desde las Instituciones de Educación Superior, este 25 de noviembre, asumimos el compromiso social y de sentido crítico de pronunciarnos en contra de todas las formas de violencia y discriminación dirigidas hacia las mujeres, jóvenes y niñas, ya que constituyen un obstáculo para el acceso a la Educación como un derecho humano. Por ello, nos unimos al llamado nacional e internacional de justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia y reafirmamos la necesidad de impulsar acciones efectivas para garantizar una vida libre de violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, a lo largo de su vida, 7 de cada 10 mujeres encuestadas mayores de 15 años han sido víctimas de alguna modalidad de violencia. Según esta misma encuesta, en el estado de Querétaro el 40.3% de las mujeres encuestadas manifestaron haber vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida escolar; de ellas, el 43.8% señaló que la principal persona agresora fue un compañero de la escuela y el 64.3%, que la escuela fue el lugar principal de ocurrencia de violencia.
Ante estas cifras, reiteramos la importancia de que las autoridades competentes investiguen la violencia contra las mujeres con perspectiva de género, cumpliendo con instrumentos, protocolos y recomendaciones derivadas de mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Sentencia de Campo Algodonero, así como instrumentos nacionales, como la Sentencia Mariana Lima, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que contemplan, entre otras medidas, la implementación de estrategias integrales de prevención.
Como instancias de educación e investigación, reconocemos que la violencia de género es un fenómeno multidimensional que surge de relaciones de poder asimétricas, las cuales están presentes en todos los ámbitos; por ello, las universidades no somos ajenas a sus efectos, ya que, en nuestro interior, continúan replicándose patrones de discriminación y violencia. Debido a esto, es fundamental diseñar, implementar y dar seguimiento a estrategias y mecanismos para atender y, principalmente, prevenir esta problemática, tales como la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio, la creación de unidades administrativas para la atención y prevención de la violencia, y el desarrollo de políticas institucionales orientadas a la igualdad de género.
Reconocemos la normalización de la violencia de género en las relaciones personales, laborales y académicas, por lo que hacemos un llamado a todas las personas integrantes de esta comunidad universitaria a extrañarnos ante estos actos y repeler toda práctica violenta, conduciéndonos bajo los principios de igualdad, solidaridad y respeto.
