Docentes universitarios argentinos realizan este jueves una huelga de 24 horas en contra del veto del presidente, Javier Milei, de la ley de financiación universitaria, que se confirmó en la víspera en el Congreso.
“¿Qué hace el Congreso? En vez de ratificar una ley que había votado, la rechaza, conociendo el clamor popular”, dijo este jueves el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos de Feo, a la radio de la Universidad de Entre Ríos, en referencia a la multitudinaria manifestación del 2 de octubre pasado.
“El problema no es financiero”, afirmó De Feo, sino “llevar a la universidad pública a su mínima expresión” y arancelarla, de forma que “solamente pueda estudiar el que tenga plata, el que no, no estudiará”, agregó.
“Vamos a pelearlo”, advirtió el gremialista, al contar que al mediodía de este jueves se reunirán todos los sindicatos para “organizar la resistencia” y que existen “miles de jóvenes organizados que han tomado las universidades”.
El presidente de Argentina, Javier Milei, logró este miércoles en la Cámara de Diputados, gracias al apoyo de un sector de la oposición, ratificar el veto a la ley de financiación de la educación universitaria pública, que había hecho el 3 de octubre pasado, con el argumento de que su aplicación comprometería el equilibrio fiscal.
La ley de financiación universitaria, aprobada por el Congreso el pasado 13 de septiembre, establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual, así como una recomposición de los salarios universitarios, también por inflación.
De acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley habría tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,14 del PIB.
“Las universidades estamos en un serio problema”, una “situación financiera complicada” y “falta de recursos”, con los salarios universitarios perdiendo 63 % frente a la inflación, por lo que “no tener esta ley no ayuda”, afirmó De Feo.
Esta es la segunda vez que Milei logra mantener un veto a una ley: en septiembre pasado la Cámara de Diputados convalidó un veto presidencial a una norma que establecía una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones -en su mayoría, bajo la línea de la pobreza- y que, a juicio del Ejecutivo, también comprometía las cuentas públicas.
Según afirma el frente sindical en la convocatoria al paro, “la democracia ha cedido al manejo anti republicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional” y hay una alianza política “incapaz de conmoverse” ante el reclamo de una universidad pública de calidad.
Con el veto presidencial en firme, la discusión por los fondos para las universidades será parte del debate parlamentario del proyecto del Presupuesto 2025.
Casi dos millones de personas estudian en las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado en Argentina, donde el acceso a la educación universitaria pública es gratuito desde 1949 y ha permitido la formación de millones de argentinos que, de otro modo, no hubieran podido solventar su carrera.
