Uriel Rivera Martínez, el hombre que agredió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue procesado penalmente este viernes por un nuevo caso de abuso sexual cometido contra una joven de 25 años, ocurrido el mismo día del ataque a la mandataria.
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, un juez ordenó el inicio formal del juicio contra Rivera, de 33 años, por realizar tocamientos indebidos a la víctima en calles del centro de la Ciudad de México, pocas horas después de haber intentado besar y abrazar por la espalda a Sheinbaum.
La audiencia judicial se llevó a cabo este viernes únicamente por la denuncia de la joven, quien reportó la agresión ante agentes que ya vigilaban al sujeto tras el ataque a la presidenta. Rivera permanecerá recluido en el Reclusorio Norte mientras enfrenta ambos procesos penales.
El incidente que involucró a la mandataria ocurrió el martes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro histórico y saludaba a ciudadanos. En ese momento, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó, intentó besarla en el cuello y la abrazó por la espalda. La escena fue grabada y difundida ampliamente en redes sociales, provocando una ola de indignación.
Las autoridades confirmaron más tarde que el agresor fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Según fuentes judiciales, el acto contra la presidenta constituye un delito de abuso sexual flagrante, aunque en el momento de la agresión ningún miembro de su equipo de seguridad intervino.
En su conferencia del miércoles, Sheinbaum confirmó que presentó una denuncia formal, explicando que lo hizo para “enviar un mensaje a todas las mujeres y a todos los hombres” sobre la importancia de denunciar la violencia sexual. La presidenta también reveló que el mismo sujeto había agredido a otras mujeres ese día.
El caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género en México, donde más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia —sexual, psicológica o física— según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Activistas advierten, sin embargo, que más del 90 % de estos casos nunca se denuncian.
