Prestanombres

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Por Carlos Silva La Lengua de Dante

En la política mexicana, pueden distinguirse dos ámbitos que destacan en el universo de nuestro sistema político, a decir, el desempeño de un cargo de representación popular, cargo para el cual, necesariamente se requiere ser electo (senadores, diputados federales, diputados locales y regidores) y dos, el ejercicio de un cargo, tarea o responsabilidad pública que se desprende del ejercicio de la administración pública, para lo que se requiere ser electo (como en el caso del presidente, gobernadores y presidentes municipales) o no, como en los casos del resto de cargos y puestos propios de la administración pública.

Así entonces, quienes ejerzan un cargo de representación popular o laboren en un puesto de la administración pública, en cualquiera de sus tres ámbitos, federal, estatal o municipal, se encuentran sujetos a lo que hoy se conoce como el nuevo sistema nacional anticorrupción, que en lo específico se rige por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, normatividad ésta, en la que se contemplan buena parte de las acciones de corrupción que han sido identificadas y que dicho sistema se ha propuesto combatir.

La ley de referencia, establece la obligación, para representantes populares y servidores públicos, de declarar periódicamente sus ingresos y los bienes que hayan acumulado, desde el inicio de sus encargos y, particularmente durante los períodos de su desempeño, para concluir con una declaración final al término de tales encargos. Todo lo que se declare, forma parte de algo que se conoce como evolución patrimonial, que no es otra cosa, que, el incremento (que casi siempre lo hay) en las finanzas y patrimonio de los políticos declarantes; vaya, al menos en México no se conocen, o no son públicos los casos de políticos que luego de sus gestiones, se mantengan o hayan terminado, ya no se diga pobres, sino al menos con el mismo nivel patrimonial que cuando comenzaron.

Los bienes a declarar por quienes son o han sido representantes populares o servidores públicos son aquellos que han adquirido o respecto de los cuales se conducen como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que estos lo obtuvieron por ellos mismos.

Ahora bien, de un manejo inadecuado por parte de los políticos (entiéndanse representantes populares o servidores públicos) se derivan diversos tipos de responsabilidades, a decir, la responsabilidad política, orientada a sancionar a los servidores públicos de alto rango; la responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en un delito; la responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y, finalmente, la responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales.

En lo específico, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha establecido una clasificación de faltas y responsabilidades administrativas graves y otras a las que considera como no graves, incluyendo además ahora, a las que propiamente son cometidas por particulares.

El artículo 60 de la Ley de Responsabilidades Administrativas contempla como una falta administrativa grave, el enriquecimiento oculto e identifica de ésta manera, aquella conducta que tenga como fin, ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, para ser claros, éste numeral contempla que usar o disfrutar bienes o servicios que se encuentran a nombre de otras personas, siempre que eso no sea explicable o justificable, es una señalada manera de ocultar un enriquecimiento, a partir de lo cual, es dable presumir que dicho enriquecimiento no es justificable y por ello el ánimo de ocultarlo. En ésta figura es en donde encuentra acomodo lo que coloquialmente se le conoce como prestanombres.

Acreditar la propiedad de un bien con el nombre de otras personas ha sido una de las prácticas de mayor uso en nuestro país, particularmente porque constituye la mejor manera de evadir un notorio incremento del patrimonio de algunos políticos, cuyas investigaciones por evolución patrimonial no darían los resultados más claros y así se tiene a muchos políticos haciendo uso de casas, ranchos, propiedades en playas o en el extranjero, vehículos, yates y hasta aeronaves, que se encuentran a nombres de otras personas, no obstante que quienes hacen uso de ellas, lo hacen con un ánimo de propiedad, permanente (es decir, no es pasajero) y con un manejo suntuoso, aunque ello resulte contradictorio con el discurso del origen modesto de tales políticos y de su reiterada, pero poco probada honestidad. Al final, es el manejo suntuoso lo que termina por delatar el exceso de los políticos que le fallaron a la gente y dilapidaron el erario en un beneficio notoria y claramente personal.

Sin embargo ¿Cuántos políticos no conocemos que viven en mansiones cuyo origen lícito no pueden justificar? ¿Cuántos políticos no conocemos que disponen de ranchos y bienes de lujo cuya propiedad dicen, no está a su nombre, ni de ellos ni de cualquiera de sus familiares?

Recientemente se ha sabido de la detención de un expresidente municipal a quien se le atribuye justamente el estar disponiendo (viviendo) en una casa, por la que no paga renta, pero cuya propiedad está a nombre de otra persona, práctica que pone de relieve éste viejo vicio del uso de los llamados “prestanombres”. Hoy ese ex alcalde se encuentra en prisión y para poder recuperar su libertad, necesariamente deberá aportar los elementos creíbles para acreditar su inocencia, el punto es ¿Cuántos políticos no se encuentran en el mismo supuesto de venir usando prestanombres?, me parece que mucha gente conoce a políticos que hacen uso de ésta figura.

Una manera de detenerlos es plantándoles un alto, impidiéndoles al menos, que sigan participando en política y, considerando que el nuevo esquema de sanciones por responsabilidades administrativas plantea la posibilidad  de que las denuncias puedan ser anónimas, por ahora es posible procurar detener la participación de éste tipo de políticos pillos a partir de señalarlos, la única salvedad que se establece en dicho sistema, es que tales denuncias anónimas contengan datos o indicios que permitan advertir la comisión de faltas administrativas, por lo demás y no en pocos casos, la ostentosa nueva forma de vida de varios de ellos, es lo que sin duda, puede aportar los mejores elementos.

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