Un grupo de diputados del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto con un diputado federal del mismo partido, informó que, con la finalidad de dejar un precedente, se inició un procedimiento de juicio de amparo respecto a la relación que tendrá el ciudadano con la autoridad correspondiente para garantizar su derecho al agua.
Se mencionó que este amparo fue resuelto en una primera parte con una suspensión provisional y una suspensión definitiva, otorgando a un grupo de ciudadanos de la comunidad de La Palma la solicitud de que la autoridad encargada del servicio de agua potable, la Comisión Estatal de Aguas (CEA), les dote de infraestructura hidráulica (tomas de agua) sin costos adicionales.
Se indicó que se ha solicitado al juez de amparo la protección de los derechos ciudadanos, argumentando que el acceso al agua es un derecho humano y que los cobros propuestos ya están incluidos en sus recibos de agua.
“Lo que se ha logrado acreditar en este juicio es que el agua no llega al 100 por ciento de la población en Querétaro. Existen deficiencias graves, especialmente en el distrito VII, donde muchas comunidades no tienen acceso continuo al agua, hay tandeos, suspensiones y en muchos casos, falta de red hidráulica. También el tema del drenaje es una problemática importante. Con este proceso, se reconoce la carencia de infraestructura hidráulica y de acceso al agua, lo que abre un camino diferente para su solución. Sería ideal que el Consejo Consultivo del Agua tome nota de esto, ya que existe un falso debate sobre el tema”, enfatizó uno de los legisladores.
En ese sentido, explicó que durante el desarrollo del juicio de amparo, el juez ha dejado en claro que la Comisión Estatal de Aguas está obligada a suministrar el vital líquido a la comunidad de La Palma mientras dure el proceso, independientemente de si toma seis meses, un año o más. Se señaló que esta comunidad cuenta con más de 3,500 habitantes y que el amparo fue firmado por 157 cabezas de familia.
Sin embargo, se mencionó que el juez dejó abierta la manera en que se suministrará el servicio de agua, pero se hizo un emplazamiento a la CEA para que cumpla con la resolución judicial y se eviten posibles acciones legales por desacato.
Asimismo, se informó que este amparo está siendo firmado por otras seis comunidades, dando inicio a una iniciativa denominada “El agua es nuestra”. Se hizo un llamado a otras comunidades con problemas similares a explorar esta vía legal, con el objetivo de exigir el cumplimiento del compromiso gubernamental de dotar de agua a toda la población por la vía correcta.
