El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no serán públicos los contratos y los comprobantes de pago por las vacunas contra el covid-19, que firmó el Gobierno de México con los laboratorios que desarrollaron el biológico para combatir la pandemia.
Además, se planteó que la reserva de ambos documentos sea por cinco años y no por dos, como lo había propuesto el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por cuestiones de Seguridad Nacional, para garantizar la entrega de más vacunas, en el contexto de la pandemia.
Se trata de los contratos y órdenes de pago para adquirir las vacunas elaboradas por los laboratorios de de Pfizer BionTech, AstraZeneca, Cansino, Sputnik, Serum y Sinovac.
En la sesión del Pleno de este lunes se resolvieron los recursos de revisión en materia de Seguridad Nacional 3/2021 y 6/2021, promovidos por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de las resoluciones del INAI.
En el primer caso, por el recurso de revisión administrativa del INAI 2391/2021, en el que resolvió hacer públicos los contrato; y, en el segundo, por el recurso de revisión 1899/21, para hacer lo mismo con los comprobantes de pago, por los que se planteó una reserva solo de dos años.
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el recurso de revisión, por cuestiones de Seguridad Nacional, cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para ambos casos.
Por una mayoría de ocho votos, el Pleno de ministros ordenó revertir las resoluciones del INAI, para mantener en reserva por cinco años los contratos y comprobantes de pago de las vacunas contra el covid-19 por un plazo de un lustro.
“En el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de Seguridad Nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país”, planteó el ministro ponente Pardo Rebolledo.
Agregó que la resolución, no impide que se elaboren versiones públicas de los documentos, con la información que, a consideración de las autoridades sanitarias, ponga el riesgo la Seguridad Nacional, en el sentido de que se obstaculice la entrega de más biológicos, en el sentido de que la pandemia no ha concluido.
“Si el Estado mexicano divulga información pactada como confidencial pudiera, entonces, enfrentar en decisiones internacionales o responsabilidades internacionales”, señaló la ministra Margarita Ríos Farjat.
El ministro Javier Laynez Potisek argumentó que, en un contexto de competencia internacional para acceder al fármaco, se justifica el argumento de Seguridad Nacional planteado por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
También el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá votó a favor de la resolución de su colega Pardo Rebolledo, al considerar que hacer pública la información de los contratos puede afectar el acuerdo de confidencialidad con los laboratorios y poner en riesgo la entrega de biológicos.