EL UNIVERSAL / Luego que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público el expediente de Carlos Fernando Márquez Padilla García, difunto esposo de María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), algunos políticos y especialistas se han pronunciado al respecto.

Principalmente, en contra se han posicionado José Ramón Cossío Díaz, Santiago Torreblanca, Denise Dresser, Catalina Pérez Correa y Julieta Del Río Venegas.

José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que ninguna norma del orden jurídico brinda facultad al gobierno federal para difundir docenas de documentos con datos personales de Amparo Casar y su exesposo.

En su cuenta de X, Cossío Díaz compartió la publicación difundida por la cuenta oficial del Gobierno de México con los documentos del caso Márquez Padilla, entre ellos el acta de defunción del entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración y la credencial de elector de María Amparo Casar, cheques, recibos de pago y otros documentos, los cuales contienen datos personales.

Criticas por ir contra el orden jurídico
“¿Con qué facultades el gobierno realiza esta publicación? Ninguna norma de nuestro orden jurídico le otorga competencias para proceder así. Ninguna”, escribió el abogado mexicano.

La periodista Denise Dresser, quien ha sido víctima de la difusión de sus datos personales durante el sexenio actual, arremetió contra el gobierno de López Obrador.

“El gobierno de @lopezobrador usa su cuenta oficial y su poder para lograr que tú te olvides de todo eso, y te indignes con una mujer (María Amparo Casar) y una institución (@MXvsCORRUPCION) que llevan semanas documentando los contratos/favores/negocios de los hijos del presidente y sus cuates. El gobierno de México es una vergüenza”, escribió.

Asimismo, el diputado del PAN Santiago Torreblanca escribió en su cuenta de X:

“El gobierno contra la ciudadanía. En una democracia debe ser al revés, la ciudadanía debe contar con instrumentos frente al poder del Estado. Luego dicen que no son una dictadura en ciernes”, dijo el panista.

Catalina Pérez Correa también se pronunció contra la difusión y acusó de “censura y el uso arbitrario del poder”.

Por su parte, la Comisionada del INAI, Julieta Del Río Venegas, detalló en su cuenta de X que los incumplimientos a la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados no pueden divulgar información o romper la confidencialidad.

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