Piden traslado de presos del ex grupo ETA al País Vasco

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La política de dispersión de los presos de Patria Vasca y Libertad (ETA) debe acabar una vez disuelta la organización separatista desde el pasado 4 de mayo, ya que sin ello no se puede avanzar en la paz y reconciliación, pidió hoy la red ciudadana Sare.

Los portavoces de la agrupación de apoyo a los presos, Joseba Azkárraga y Bego Atxa, destacaron que “no se puede construir una sociedad reconciliada sobre una base punitiva injusta y vengativa y sin sanar heridas y secuelas de décadas de violencias”.

Al presentar en Bilbao, norte de España, el posicionamiento de esta red tras anunciarse el viernes pasado el final de ETA, recordaron al Estado español demandas como “acercamiento, excarcelación de presos graves o mayores, aplicación de grados, revisión de los casos injustos”.

De acuerdo con el Ministerio español del Interior, actualmente hay 299 presos etarras, de los que 245 están en cárceles españolas (pero solo nueve de ellos en País Vasco y Navarra), 53 en Francia y uno en Portugal.

La principal petición de ETA el pasado 4 de mayo, en su anuncio de disolución, fue la de acabar con la política de dispersión iniciada en 1989 como forma de alejarlos de su entorno.

“Ya no queda más que exigir, es momento de dar los cambios pertinentes en la política penitenciaria. ETA se ha disuelto, ya no hay excusas, si no se dan pasos solo queda la venganza y las ansias de seguir causando un dolor injusto a aquellos que no tienen culpa: los familiares”, expusieron en Sare.

Según su manifiesto, “mientras la cuestión de las cárceles no quede resuelta; mientras se vulneran los derechos de los presos y presas vascas; mientras se castigue al colectivo familiar con la política de alejamiento no se podrá hablar de paz”.

La propuesta pasa por un proceso de “justicia transicional” escalonada, que pasa por la “excarcelación inmediata de las personas gravemente enfermas y mayores y, al mismo tiempo, acercamiento general a cárceles próximas a los domicilios de las personas presas”.

Asimismo planteó que ya no sea la Audiencia Nacional la que instruya sus casos, sino un juez de proximidad, y se revise el hecho de su pertenencia o colaboración a una organización inexistente desde el pasado 4 de mayo.

La propuesta incluye aceptación de las peticiones de cambio de grados de las personas presas que lo hayan solicitado, y recuento de las penas cumplidas de cara a excarcelaciones condicionales.

Además se pide el fin de las legislaciones excepcionales, aplicadas a presos; revisiones de procesos derivados de esas leyes excepcionales y vuelta a la legislación ordinaria, así como de las penas donde haya mediado denuncias por torturas o malos tratos degradantes.

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