Organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos criticaron las sentencias de hasta mil años de prisión impuestas a casi 250 pandilleros en El Salvador, al considerar que se trata de una estrategia de propaganda del gobierno del presidente Nayib Bukele para proyectar severidad en el combate al crimen organizado.
De acuerdo con activistas consultados por la AFP, las condenas carecen de efectos prácticos, ya que la pena máxima de prisión en El Salvador es de 60 años, por lo que los fallos anunciados el domingo tienen un carácter simbólico. La Fiscalía General informó que 248 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron sentenciados por 43 homicidios y 42 desapariciones, con penas que van desde varios siglos hasta mil 335 años de cárcel para uno de los implicados.
Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, afirmó desde el exilio que este tipo de resoluciones buscan enviar un mensaje político. Señaló que mostrar condenas de miles de años sirve al gobierno para proyectar una imagen de mano dura, pese a que en el país no existe la cadena perpetua.
En el mismo sentido, Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), calificó las sentencias como un “show” gubernamental y sostuvo que el sistema de justicia atraviesa una etapa en la que responde más a intereses políticos que a criterios de imparcialidad.
Las condenas se dan en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, mediante el cual el gobierno salvadoreño emprendió una ofensiva contra las pandillas MS-13 y Barrio 18, permitiendo detenciones sin orden judicial. Aunque la estrategia ha reducido los homicidios a mínimos históricos, organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos, detenciones arbitrarias y muertes en prisión.
Según cifras oficiales, más de 90 mil personas han sido detenidas durante el régimen de excepción, de las cuales alrededor de 8 mil fueron liberadas posteriormente por no tener vínculos con pandillas. Escobar aseguró que su organización ha documentado al menos 470 muertes en centros penitenciarios durante este periodo, muchas en circunstancias no esclarecidas.
Las sentencias anunciadas abarcan delitos cometidos entre 2014 y 2022, incluyendo asesinatos, extorsión y tráfico de drogas, principalmente en la provincia de La Libertad. La Fiscalía no ha precisado si los fallos corresponden a juicios colectivos ni la fecha exacta en que fueron dictados.
Pese a las críticas, el modelo de seguridad impulsado por Bukele ha influido en otros países de la región. Gobiernos como el de Honduras, encabezado por Xiomara Castro, han adoptado estados de excepción, mientras que en Costa Rica el presidente Rodrigo Chaves ha planteado la construcción de una prisión de alta seguridad similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), emblema de la política salvadoreña contra las pandillas.
