Organizaciones que acompañan a víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez advirtieron que la designación de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública envía un “mensaje alarmante” sobre el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.
La Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) señalaron que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en el marco del proceso judicial por el incendio ocurrido en marzo de 2023 en un centro de detención migratoria, que dejó 40 migrantes muertos.
Las organizaciones subrayaron que el nombramiento se produce pese a que el proceso penal sigue abierto y sostuvieron que la decisión refleja una falta de compromiso institucional con la rendición de cuentas. Consideraron especialmente grave que la designación no esté respaldada por una trayectoria acreditable en el ámbito educativo y afirmaron que ello refuerza la percepción de protección política por encima de criterios de idoneidad y profesionalismo, debilitando la confianza ciudadana.
En un posicionamiento adicional, IMUMI retomó el caso con la etiqueta #NoFueElIncendioFueElEstado, al sostener que la tragedia responde a fallas y responsabilidades institucionales. También cuestionó que el anuncio se acompañara de un elogio a Garduño como “funcionario ejemplar”, difundido por el titular de la SEP, Mario Delgado, junto con el hashtag #ReparaciónYJusticiaYa.
Las ONG afirmaron que el nombramiento es recibido con indignación por las víctimas y sus familias, al interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional, en un caso que dejó 40 personas muertas y 42 con secuelas permanentes. Sostuvieron que la justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes.
