El costo de ser corrupto en este país es bajísimo, por lo que, con la reforma a la Constitución local y al Código Penal del Estado, Querétaro será una entidad que dé muerte civil a los servidores públicos que cometan actos de corrupción; así lo dio a conocer el diputado del PRI, Paul Ospital Carrera.
En conferencia de prensa, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Ospital Carrera explicó: “pareciera a veces, una medida extrema que no le permite a la gente, reinsertarse de manera plena en la sociedad, pero ante una situación como la que vive el país en materia de corrupción, lo que se requiere, precisamente, son medidas extremas para erradicar este cáncer que ha hecho metástasis en el país y que entonces, Querétaro sea un estado donde el que la haga la pague y la pague de por vida”.
Añadió que, la iniciativa reforma los artículos 8 y 37 BIS de la Constitución Política del Estado de Querétaro y el artículo 260 del Código Penal del Estado; con el objetivo de que, aquel servidor público en la entidad o lo municipios, que cometa algún acto de corrupción, no tenga alguna salida alterna; es decir, que no lleguen a un acuerdo reparatorio, suspensión o criterio de oportunidad y sus acciones generen un antecedente penal, a través de un juicio o procedimiento abreviado y no pueda volver a ser servidor o servidora pública o candidata o candidato de elección popular. Además dijo, de que se incrementan las penas, a través del Código Penal.
El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, explicó que, el procedimiento abreviado es un acuerdo en el que la persona responsable acepta la culpa y paga la reparación del daño, esto dijo, solo le beneficia para reducir la pena de prisión, pero sí genera una sentencia condenatoria.
“Cuando vemos los índices de impunidad, en los que, nueve de 10 casos no terminan en una sentencia y que uno de cada dos, terminan teniendo una suspensión, un acuerdo reparatorio o un criterio oportunidad, entonces el costo de ser corrupto en este país es bajísimo. Literalmente, es la muerte civil de toda aquella persona que hubiese cometido uno o más de los 17 actos de corrupción que estipula nuestro Código Penal”; concluyó el diputado Paul Ospital Carrera.
