La minera australiana Resolute pagará al Gobierno militar de Mali unos 160,7 millones de dólares (152 millones de euros) por la liberación de su consejero delegado, Terence Holohan, y otros dos ejecutivos, detenidos desde el 8 de noviembre pasado por disputas tributarias.
Para ello, la minera aurífera, con sede en la ciudad australiana de Perth, firmó un memorando de entendimiento con el Ejecutivo de este país de África Occidental que estipula estos pagos, según un comunicado enviado el lunes a la bolsa de valores australianas ASX.
“Resolute ha efectuado un pago de liquidación inicial de aproximadamente 80 millones de dólares al Gobierno con cargo a las reservas de efectivo existentes y realizará pagos futuros de aproximadamente 80 millones de dólares en los próximos meses con cargo a las reservas de liquidez existentes”, reza el documento.
El comunicado también indica que se han zanjado todas las reclamaciones pendientes del Gobierno de Mali contra la compañía, incluidos los relacionados con los impuestos, entre otros, en virtud de este acuerdo, que también establece un marco para las conversaciones sobre “el futuro a largo plazo de las operaciones en Mali”.
Las autoridades malienses detuvieron el 8 de noviembre pasado a Holohan y otros dos ejecutivos en Bamako, la capital del país africano, tras una reunión con las autoridades mineras y fiscales del país para dialogar sobre las actividades de Resolute y las reclamaciones por problemas tributarios y otros asuntos contra la empresa.
Resolute explota diez minas de oro en África, incluyendo en Mali, donde el 80 % de sus ingresos por exportaciones provienen de su riqueza aurífera.
El año pasado, el jefe de la junta militar que gobierna en Mali, el coronel Assimi Goita, introdujo un nuevo código minero que permite al Gobierno adquirir hasta el 35 % de los proyectos y exige a todas las empresas extranjeras que renegocien los contratos existentes.
Las autoridades malienses retuvieron en septiembre pasado a cuatro empleados de la minera canadiense Barrick Gold hasta que la empresa aceptó pagar unos 84 millones de dólares (76 millones de euros).
Este país de la inestable región del Sahel, gobernado por una junta militar golpista desde 2020, es escenario de ataques terroristas islámicos y en los últimos meses recibe el apoyo de mercenarios del grupo ruso Wagner.
