Miles de personas participaron este sábado en la Marcha por la Vida en la capital del país, en una movilización convocada por organizaciones “provida” para rechazar la despenalización del aborto y exigir políticas integrales en apoyo a mujeres embarazadas.
Vestidos mayoritariamente de azul y blanco, manifestantes de distintas edades caminaron de forma pacífica desde el Monumento a la Revolución hasta el Congreso capitalino, donde activistas del movimiento leyeron un pronunciamiento. En su mensaje, las voceras Silvana Morales y Luisa Argueta señalaron que, a 18 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, el saldo es “profundamente doloroso”.
“Más de 292 mil vidas mexicanas jamás vieron la luz”, afirmaron, cuestionando los beneficios de la interrupción legal del embarazo y asegurando que “el aborto no ha solucionado nada” en un país que sigue ocupando el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE.
Durante el acto, se denunciaron presuntas manipulaciones en las cifras oficiales de aborto y mujeres atendidas, aunque no se citaron fuentes verificables. También expresaron preocupación por posibles reformas en congresos locales que, dijeron, “buscan permitir abortos hasta los nueve meses”.
Los activistas afirmaron que tan solo en el primer trimestre de 2025 se habrían realizado 6,799 abortos en México y aseguraron que “la cultura de la muerte está instalada”, aunque sin aportar documentación oficial.
Entre sus demandas, exigieron una reforma constitucional que reconozca el derecho a la vida desde la concepción, así como mayor presupuesto para maternidad, adopción y cuidados paliativos. También pidieron transparencia en los informes públicos sobre aborto y que se garantice el derecho a la objeción de conciencia en el personal médico.
Actualmente, 23 de los 32 estados del país han despenalizado el aborto hasta la semana 12 de gestación —en el caso de Sinaloa, hasta la semana 13— en concordancia con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2021 declaró inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo.
El más reciente avance en este sentido fue el del estado de Yucatán, que el pasado 9 de abril se sumó a la lista de entidades que reconocen este derecho. En paralelo, diversas organizaciones feministas han defendido la ampliación del acceso al aborto como parte de una agenda de derechos humanos y salud pública, subrayando que la mortalidad materna ha disminuido un 46 % desde 2011 y que se ha fortalecido la red de acompañamiento a mujeres que deciden continuar con su embarazo.
