Reuters / México anunció que aplazará la prohibición del uso del herbicida glifosato tras no poder identificar un sustituto, dando marcha atrás a un compromiso que forma parte de un plan más amplio para reducir el consumo de maíz modificado genéticamente.

En una modificación de un decreto anterior, México fijó el año pasado el 31 de marzo de 2024 como plazo final de un periodo de transición para revocar las autorizaciones y permisos de importación, producción, distribución y uso de glifosato, que se encuentra en el herbicida Roundup, un plan que tenía desde finales de 2020.

En un comunicado a última hora del lunes, el Gobierno informó que el decreto no podía aplicarse porque no se han especificado las condiciones para sustituir el glifosato en la agricultura mexicana.

“Debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país”, señaló el documento.

El glifosato puede ser utilizado para mantener la producción agrícola, reduciendo el posible impacto por su sustitución y hasta que existan prácticas ecológicas alternativas que permitan su descontinuación, agregó.

“Se trabaja para encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias, asociadas a las cadenas de comercialización a nivel nacional y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor”, señala el comunicado.

El plan de México para eliminar gradualmente el glifosato es parte de un decreto que también busca prohibir el uso de maíz transgénico para consumo humano, como harina, masa o tortilla hecha con el grano, por preocupaciones de salud y seguridad, una cuestión que ha dado lugar a una disputa comercial con su mayor socio comercial, Estados Unidos, del que importa millones de toneladas de maíz al año.

Está en marcha un panel de solución de controversias en el marco del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, también conocido como TMEC.

Washington argumenta que el decreto mexicano que prohíbe las importaciones de maíz transgénico utilizado para tortillas no se basa en la ciencia y viola sus compromisos en virtud del TMEC, en vigor desde 2020.

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