Este lunes, México inauguró una “nueva era” en su sistema judicial con la entrada en funciones de más de 2,000 jueces, magistrados y ministros electos por voto popular, tras los comicios inéditos del pasado 1 de junio.
Entre ellos, asumieron los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora estará encabezada por Hugo Aguilar, jurista mixteco y exfuncionario en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aguilar se convirtió en el segundo indígena en presidir el máximo tribunal, después de Benito Juárez.
Ceremonia indígena en el Zócalo
La asunción simbólica se realizó con una ceremonia indígena en el Zócalo capitalino, donde líderes originarios entregaron el “bastón de mando” a los ministros de la Corte. Aguilar aseguró que esta será una “Corte distinta, guiada por el servicio al pueblo y no por el poder ni el dinero”.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su Primer Informe de Gobierno, celebró la llegada de los jueces electos al afirmar que con ello “termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios”.
Una elección bajo la lupa
Sin embargo, la elección fue cuestionada desde el inicio:
- Solo 13 % del electorado participó.
- Se denunciaron irregularidades y mecanismos ilícitos para orientar el voto hacia candidatos cercanos al oficialismo.
- Organizaciones civiles advierten que la reforma busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.
Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, aseguró que se trató de una “operación de Estado”, con gobernadores influyendo en procesos locales y perfiles afines al gobierno colocados en puestos clave.
Riesgos de infiltración criminal
El reporte de Defensorxs alertó que 25 aspirantes tenían antecedentes por corrupción, trata de personas o vínculos con el crimen organizado. Al menos seis de ellos resultaron electos.
Uno de los casos más polémicos es el de Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien asumirá como jueza penal en Chihuahua. Activistas temen que este tipo de nombramientos den pie a “juzgados capturados” por mafias criminales o políticos vinculados al narcotráfico.
Un parteaguas con más dudas que certezas
La reforma judicial, impulsada por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum, tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales. Mientras el gobierno lo celebra como un cambio histórico, opositores y organizaciones insisten en que la apuesta deja al sistema judicial expuesto a la injerencia política y al crimen organizado, en un país donde la impunidad supera el 90 %.
