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Imponen toque de queda y militarización en Quito

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno impuso hoy el toque de queda y la militarización para el Distrito Metropolitano de Quito, el cual estará vigente a partir de las 15:00 horas locales de este sábado.

«He dispuesto el toque de queda y la militarización del DM Quito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia», escribió Moreno en su cuenta de la red social Twitter.

En otro mensaje, el Ministerio de Gobierno pidió a la ciudadanía que «acuda a sus viviendas».

«Esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales», agregó.

La circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto.

La decisión la ha tomado Moreno a raíz de un recrudecimiento de las protestas del movimiento indígena, que este sábado tomó y paralizó la ciudad de Quito mediante una masiva operación de marchas y piquetes, a la vez que miles de militantes se enfrentaban a las fuerzas del orden en el centro de la ciudad.

El resultado ha sido la paralización de la ciudad mediante el bloqueo de sus carreteras.

Curiosamente, ha seguido a una notificación por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en la que ha aceptado la mano tendida por el presidente para sentarse a negociar.

A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con Moreno si este no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, la Conaie cambió de postura en «un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales», se indica en un comunicado.

Ecuador vive una grave ola de protestas desde hace diez días a raíz de un decreto firmado por el presidente en el que eliminaba el subsidio a las gasolinas en el marco de una serie de ajustes ligados a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acuerdo con el FMI, que aportó 4 mil 200 millones de dólares, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que despertó la indignación de grupos de trabajadores, indígenas y otros sectores sociales.