EFE / El Gobierno del libertario Javier Milei establecerá “consecuencias” para las más que previsibles protestas callejeras tras el severo ajuste económico, cuyas primeras medidas se conocieron el 12 de diciembre, apenas dos días después de su investidura como presidente de Argentina.
“Si se toma la calle, va a haber consecuencias” fue la contundente frase pronunciada este jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la rueda de prensa en la que difundió el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación.
Con ese protocolo, el Gobierno advirtió de que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) no permitirán cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de protesta social o sindical.
Entre las medidas anunciadas, están las sanciones severas para quienes hagan, organicen, instiguen o sean “cómplices” de cortes; el registro de organizaciones implicadas; la prohibición de ir con el rostro tapado o llevar niños a las marchas; y la notificación a la Dirección de Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal.
Pese a que la que fuera ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) fue candidata presidencial de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) y llegó al gabinete de Milei tras apoyarle cuando quedó fuera del balotaje del 19 de noviembre, la seguridad es uno de los asuntos en los que siempre estuvo más cerca de las posturas de La Libertad Avanza (ultraderecha).
Palabras como “orden” y “coraje” fueron el eje en la campaña de Bullrich junto al hoy ministro de Defensa, Luis Petri.
“Sin orden no hay libertad. Y, sin libertad, no hay progreso”, afirmó Bullruch, quien advirtió de que quedaba derogado el “protocolo garantista de Nilda Garré”, en alusión a la exministra de Defensa (2005-2010) y de Seguridad (2010-2013) con los peronistas Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Con esto se refirió a una resolución de Garré de 2011, que aspira a resolver conflictos sin “daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación”. Para ello, prohíbe que los agentes porten armas de fuego, restringe el uso de porras de goma y obliga a que los uniformados estén identificados.
“Provocación” tras “la agresión al pueblo”
Los cortes de calles son una estampa habitual en las calles argentinas, fundamentalmente en Buenos Aires por la concentración de poder del Estado. Según la consultora Diagnóstico Político, noviembre registró el segundo número más bajo de piquetes de 2023, con 568 -después de enero, con 356- frente al pico de 882 en agosto.
El nuevo protocolo se presenta en un delicado escenario social y económico en Argentina, donde cerca del 45 % de la población es pobre y donde el Ejecutivo de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre, acaba de lanzar duras medidas de ajuste en un contexto de inflación del 160,9 % interanual.
Partidos y movimientos sociales de izquierda consideraron una “provocación” las medidas represivas anunciadas por Bullrich, que son contrarias al “derecho de peticionar a las autoridades”, recogido en el artículo 14 de la Constitución argentina.
“Es una amenaza que nosotros la calificamos como ilegal. La ministra no tiene ningún instrumento legal para llevar adelante lo que hoy dijo que va a hacer. En Argentina existe una derecho a la protesta que está amparado por la Constitución”, señaló el legislador del Partido Obrero Gabriel Solano.
Además, calificó de “plan de agresión contra el pueblo” la serie de medidas económicas anunciadas el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, entre ellas la devaluación del 50 % del valor del peso argentino y la eliminación de los subsidios al transporte y a los servicios públicos.
El dirigente del Polo Obrero y referente piquetero, Eduardo Belliboni, mostró su extrañeza por que en Argentina “cambió el Gobierno, no el régimen” y agregó que “no va a tener éxito alguien que quiere frenar la bronca de la gente en la calle”.
Con este telón de fondo, las movilizaciones anunciadas para el 20 de diciembre, aniversario de las violentas protestas de 2001, que se dieron durante una explosiva crisis económica y que terminaron con la renuncia del entonces presidente, el radical Fernando de la Rúa (1999-2001), toman un cariz más relevante aún.
