El acceso a la justicia es un principio fundamental en cualquier sociedad democrática, toda vez que garantiza que todas las personas tengan la posibilidad de buscar alternativas legales para resolver sus conflictos de manera equitativa, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz.
Al participar en el Congreso Internacional 2023: Los Retos de la Judicatura, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Ministra comentó que al igual que en muchos países, en el nuestro la complejidad de las sociedades contemporáneas ha ocasionado que el acceso a la justicia sea un desafío intrincado, y a menudo inalcanzable para muchas personas, principalmente, para aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y marginalidad.
En lo que fue el tercer día de trabajos del Congreso Internacional, aseveró que la única forma de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas es hacerlos justiciables.
En este sentido, destacó que el Alto Tribunal del país ha dotado de contenido normativo a los derechos humanos y ha desarrollado, de manera protectora, figuras jurídicas que ayudan a mejorar la impartición de justicia en nuestro país, y proteger, respetar, promover, garantizar dichas prerrogativas en favor de todas las personas.
La ministra Ortiz señaló que la posición de La Corte, en su papel de máximo garante de derechos humanos, comenzó a manifestarse de manera preponderante a raíz de la reforma constitucional de 2011, a partir de la cual se creó una nueva cultura en la materia.
Al respecto, comentó que una de las herramientas que más impacta en la forma en que se imparte justicia en nuestro país, es la perspectiva de género, porque permite que las y los juzgadores visualicen con mayor claridad las asimetrías de poder y desventajas en razón de género, que permean los casos sometidos a su jurisdicción.
