En diciembre de 1902, Venezuela se convirtió en escenario de una intervención militar que encendió las alarmas en América Latina. Buques de guerra de Inglaterra, Alemania e Italia bloquearon sus costas, bombardearon puertos estratégicos como La Guaira y Puerto Cabello, y tomaron embarcaciones venezolanas, todo sin una declaración formal de guerra, con el objetivo de cobrar deudas externas.

Los hechos no pasaron desapercibidos para el entonces canciller argentino Luis María Drago, quien reaccionó con firmeza ante lo que consideró un precedente peligroso para la soberanía de las naciones americanas. Para Drago, permitir que potencias extranjeras recurrieran a la fuerza militar para cobrar deudas significaba abrir la puerta a una nueva forma de recolonización.

En una carta fechada el 29 de diciembre de 1902, enviada al representante argentino en Washington para que fuera compartida con el gobierno de Estados Unidos, Drago sostuvo que la deuda pública no puede justificar la intervención armada ni la ocupación territorial de un país soberano. Ese planteamiento dio origen a la llamada Doctrina Drago, uno de los primeros pronunciamientos formales en defensa del principio de no intervención en el derecho internacional.

El contexto venezolano era complejo. El presidente Cipriano Castro, en el poder desde 1899, enfrentaba una grave crisis financiera heredada de décadas anteriores, marcada por deudas contraídas con empresas europeas —especialmente por la construcción de ferrocarriles— y una caída drástica en los ingresos por exportación de café. Ante la imposibilidad de cumplir con los pagos, Castro decretó una moratoria de la deuda externa, decisión que detonó el bloqueo naval.

Historiadores coinciden en que la acción europea fue un ejemplo claro de la llamada “diplomacia de las cañoneras”, una práctica común de las potencias imperialistas de la época para imponer sus intereses económicos mediante la fuerza militar sobre países más débiles.

La postura de Drago no resolvió de inmediato el conflicto —el bloqueo se levantó hasta febrero de 1903 tras la mediación de Estados Unidos—, pero sí dejó una huella profunda. Su doctrina influyó en tratados posteriores, como la Convención de Montevideo de 1933, que consagró la no intervención, y más tarde en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que prohibió el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de los Estados.

Especialistas en derecho internacional subrayan que la Doctrina Drago forma parte de una tradición latinoamericana que, a partir de una historia marcada por intervenciones extranjeras, convirtió a la región en referente global de la defensa de la soberanía y la solución pacífica de controversias.

Aunque Venezuela fue la gran perdedora material del bloqueo de 1902, el episodio dejó como legado una de las ideas más influyentes del derecho internacional moderno: las deudas no se cobran con cañones.

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