Numerosos reportes sobre el estado de la democracia en el mundo muestran el deterioro de la salud de este sistema. Según el Instituto V-Dem, en la última década la desinformación, la polarización y la burocratización han aumentado y estos fenómenos se refuerzan entre sí. También, hay un desencanto con la democracia en la región latinoamericana, basado –de entre otros factores– en los severos niveles de desigualdad social y económica que obstaculizan la participación política por los medios institucionales. Y, de acuerdo con el reporte de la encuesta Latinobarómetro 2023, en los últimos años se incrementó el apoyo hacia los gobiernos autoritarios.

Ante estos indicadores poco favorables con respecto al sistema democrático, sobresale la estabilidad de los resultados en términos de la integridad electoral. Los datos sobre la percepción de la integridad de las elecciones no muestran cambios significativos, ni a la alza ni a la baja, lo que pone de manifiesto la fortaleza del sistema de elecciones a nivel mundial, particularmente de algunas etapas del ciclo electoral, como son los procedimientos electorales, el conteo de votos y los resultados. Ante ese escenario, es relevante preguntarse, ¿qué es lo que permite mantener la calidad de las elecciones, a pesar del retroceso o deterioro de otras dimensiones de la democracia? Y, ¿qué instituciones son las que aportan a la fortaleza de las elecciones democráticas?

Para atender a la pregunta, en este artículo se plantea, como respuesta preliminar, que la justicia electoral y quienes la imparten –las y los jueces electorales– tienen un papel fundamental en las democracias, pues al defender la legalidad de las elecciones y castigar las prácticas antidemocráticas, se contribuye a la integridad de las elecciones y, con ello, a elevar su calidad. En este sentido, los tribunales electorales tienen un doble papel. El primero, es hacer valer la primera garantía de la democracia: las leyes. De esta manera, la justicia electoral promueve procesos electorales que cumplen con la normativa nacional, con los valores democráticos globalmente aceptados y con los estándares internacionales que deben regirlos. Cuando estas garantías primarias fallan, y se registran violaciones a la integridad, los tribunales cumplen una segunda función. Esto significa detectar, reparar o castigar cualquier daño a las elecciones. De esta manera, los tribunales electorales aplican leyes y principios para corregir y resolver situaciones en las que la integridad de las elecciones se ha visto comprometida.

Integridad de las elecciones

La integridad electoral es una perspectiva política, social y académica preocupada por la calidad de las elecciones en el mundo. En ese sentido, de acuerdo con IDEA Internacional, una elección es íntegra cuando se basa “en los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política tal como se refleja en los acuerdos y estándares internacionales, y que es profesional, imparcial y transparente en su preparación y administración a lo largo del ciclo electoral. (IDEA, 2012: 13)”. A partir de estos elementos y de aportaciones académicas, se ha reconocido que la integridad electoral tiene tres componentes principales:

  1. Los convenios y tratados internacionales, así como las normas reconocidas en el mundo, y que se deben hacer valer, ya que contienen los valores democráticos aceptados globalmente (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, entre otros).
  2. La universalidad, pues la integridad no es una característica aplicable solo durante los procesos electorales en las democracias consolidadas, es aplicable para todas las democracias en el mundo..
  3. La naturaleza cíclica de la integridad, pues se evalúa durante todo el ciclo electoral, que comprende 11 etapas . La afectación o éxito en una etapa no garantiza un efecto correspondiente en las otras.

La perspectiva política y social de este enfoque se ha centrado en la necesidad de generar acuerdos políticos entre los diversos actores, las instituciones y la sociedad civil. Por su lado, la academia propone, desde un enfoque multidisciplinario, distintas maneras de medir la integridad electoral. Una de estas formas consiste en medir las elecciones a partir de lo opuesto de la integridad: la presencia o ausencia de las malas prácticas electorales. La cantidad y gravedad de estas prácticas disminuyen la integridad de la que gozan las elecciones. Por el contrario, entre menor sea la manipulación a lo largo del ciclo electoral, se puede decir que se tuvo un mayor grado de integridad en la elección.

Justicia electoral e integridad de las elecciones

Como se mencionó anteriormente, desde los tribunales electorales abonar a la integridad significa elevar la calidad de las elecciones a través de una doble función.La primera es velar por la legalidad de las elecciones; mientras que la segunda es analizar, reparar y , en su caso, castigar la violación a la integridad, en la forma malas prácticas electorales. Éstas son concebidas desde la literatura especializada como “la manipulación de los procesos electorales y los resultados para sustituir el beneficio personal o partidista por el interés público” (Birch, 2011: 14). Algunas de las más comunes son la compra y coacción del voto, uso de recursos ilícitos para el financiamiento de campañas, la intervención de funcionarios públicos en las elecciones, sesgos de los medios de comunicación, entre las más comunes.

Las malas prácticas tienen múltiples consecuencias en las democracias modernas: dañan la confianza pública en los procesos electorales; repercuten en el respeto al Estado de derecho democrático; y afectan la legitimidad de las autoridades electas y del sistema político en su conjunto. Las malas prácticas son el resultado de una combinación de varios elementos que los actores políticos ponderan entre sí, frente a la oportunidad para cometerlas, por ejemplo, de la efectividad de las opciones y los costos asociados a estas prácticas, a partir de las sanciones existentes y de la probabilidad de ser castigados.

Es claro que las y los jueces electorales tienen un papel fundamental en los procesos electorales, su integridad y legitimidad. Sus sentencias y jurisprudencias sirven de brújula para todos los actores políticos, al generar incentivos que fomenten o inhiban comportamientos específicos. De esta manera, los actores pueden tomar decisiones según el costo o el beneficio esperado de seguir las reglas electorales.

Juzgar con perspectiva de integridad electoral

Al analizar los casos en los que el Tribunal Electoral ha utilizado el enfoque de integridad, y haciendo un ejercicio inductivo, se proponen a continuación algunos elementos centrales de lo que se puede definir como juzgar con perspectiva de integridad. Estos son los siguientes:

Tener en cuenta todas las propiedades relevantes del caso bajo análisis, como son los supuestos normativos, el contexto integral, los elementos de prueba disponibles y los actores implicados.
Analizar el asunto a la luz de los principios, valores y estándares aplicables, para advertir las posibles malas prácticas que puedan vulnerar la integridad electoral.
Reconocer la responsabilidad que tienen los distintos actores durante cada una de las etapas del ciclo electoral.
Identificar las áreas de oportunidad en la legislación vigente, así como en el comportamiento los partidos políticos, en la conducta de las personas que son precandidatas y candidatas, las personas servidoras públicas y las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales.
A partir de estos elementos puestos en práctica en los casos de malas prácticas electorales y delitos electorales, la justicia electoral puede abonar de forma sustantiva a la celebración de elecciones íntegras, esto es, más libres, justas, limpias, transparentes y competitivas, que cumplan con las exigencias una sociedad plural y democrática.

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