El cantante Julio Iglesias contrató al despacho del exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán para asumir su defensa frente a las acusaciones de agresión sexual presentadas por dos extrabajadoras domésticas, confirmaron fuentes jurídicas.
Choclán es un abogado penalista con amplia experiencia en casos de alto perfil mediático. Entre sus defendidos figuran el empresario Víctor de Aldama, vinculado al caso Koldo; el futbolista Cristiano Ronaldo, y la empresaria Corinna Larsen.
La Audiencia Nacional abrió esta semana diligencias de investigación tras la denuncia interpuesta el pasado 5 de enero. La Fiscalía informó que se trata de actuaciones penales preprocesales y de carácter reservado, a cargo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, debido a la posible existencia de elementos de extraterritorialidad, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en propiedades del artista en el Caribe.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía tomó declaración a las denunciantes y les otorgó la condición de testigos protegidos. Las comparecencias podrían realizarse por medios telemáticos, aunque los detalles permanecen bajo reserva para no afectar el curso de la investigación.
Julio Iglesias, nacido en Madrid en 1943, es uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, con más de 300 millones de discos vendidos en el mundo. Desde hace décadas reside fuera de España y ha mantenido propiedades en distintos países, lo que sustenta la competencia de la Audiencia Nacional conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó lo que calificó como un “linchamiento” contra el cantante y afirmó que no contribuirá desde la política al descrédito de personas que no forman parte de la vida pública institucional.
La directora ejecutiva de Women’s Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, señaló que las denunciantes continúan empleadas por el cantante y que los hechos denunciados incluyen presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Añadió que la diferencia de poder económico y de influencia entre el denunciado y las víctimas fundamentó la solicitud de medidas de protección.
