La Universidad de Harvard obtuvo este miércoles una victoria judicial clave en su enfrentamiento con el Gobierno del expresidente Donald Trump, luego de que la jueza federal Allison Burroughs ordenara liberar más de 2.000 millones de dólares en fondos de investigación que habían sido congelados por la Casa Blanca.
La magistrada, designada en su momento por Barack Obama, concluyó que el argumento de Washington —que justificaba la medida como un combate al antisemitismo en el campus— fue en realidad un “pretexto ideológico para atacar a las universidades de élite”.
“Sus acciones han puesto en peligro décadas de investigación y el bienestar de todos los que podrían beneficiarse de esa investigación, además de reflejar un desprecio por los derechos protegidos por la Constitución”, escribió Burroughs en su fallo.
Entre los proyectos afectados se encontraban investigaciones sobre la enfermedad de Lou Gehrig, modelos predictivos para prevenir suicidios en veteranos, el desarrollo de un chip para astronautas de la NASA y programas contra amenazas biológicas.
Harvard contra la Casa Blanca
Harvard fue la única institución que decidió llevar la disputa directamente a los tribunales. Otras universidades, como Columbia, Brown y Northwestern, han optado por acuerdos millonarios para recuperar sus fondos, bajo una creciente presión financiera.
El fallo de Burroughs anula la orden de congelación de abril e impide al Gobierno retener recursos adicionales en represalia contra la universidad. Aun así, la Casa Blanca ya anunció que apelará la decisión.
“Esta jueza activista, designada por Obama, siempre iba a fallar a favor de Harvard”, reaccionó la portavoz presidencial Liz Huston, quien insistió en que la institución “ha tolerado la discriminación en su campus durante años”.
Un choque político y financiero
El expresidente Trump ha endurecido su discurso contra Harvard, al grado de exigir públicamente que la universidad pague 500 millones de dólares en compensación, al tiempo que funcionarios de su administración presionan incluso sobre las patentes de la institución.
Para Burroughs, combatir el antisemitismo es un objetivo legítimo, pero no puede hacerse “a expensas de la Primera Enmienda”. El fallo, advierten analistas, abre un nuevo capítulo en la relación entre Washington y el sector académico, donde se cruzan la libertad universitaria, la financiación federal y la política electoral.
