Una jueza federal en Massachusetts declaró ilegal la orden ejecutiva de Donald Trump que suspendía el arrendamiento y permisos para proyectos eólicos en tierras y aguas federales. Patti Saris determinó que la medida fue arbitraria y violó leyes federales. La decisión favoreció a una coalición de 17 estados y Washington D. C.
Los fiscales argumentaron que el bloqueo perjudicaba economías estatales, objetivos climáticos y desarrollo energético. Massachusetts celebró el fallo como respaldo a empleos y proyectos de energía limpia.
El gobierno defendió la suspensión temporal mientras se evaluaban impactos ambientales. El tribunal permitió continuar el caso contra el secretario del Interior, pero no contra Trump directamente.
La energía eólica aporta cerca del 10% de la electricidad del país y grupos ambientales consideraron el fallo una victoria para consumidores y trabajadores.
