El Poder Judicial de Perú ordenó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la exprimera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada de México en Lima, según una resolución emitida el 18 de noviembre y revelada este viernes.
Chávez, última presidenta del Consejo de Ministros del destituido expresidente Pedro Castillo, recibió asilo político a inicios de noviembre. La decisión provocó que el gobierno peruano rompiera relaciones diplomáticas con México, denunciando una “intromisión” en sus asuntos internos.
Orden de captura e intervención de Interpol
La resolución, firmada por el juez Juan Carlos Checkley, fue remitida a la Policía Nacional del Perú y a Interpol.
El magistrado también dictó prisión preventiva por cinco meses contra la exfuncionaria mientras avanza el juicio en su contra.
Chávez enfrenta un proceso por el presunto delito de conspiración contra el Estado y por su supuesta participación en el intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre de 2022, hecho que desencadenó su destitución y posterior detención.
La Fiscalía peruana ha solicitado 25 años de prisión, aunque Chávez niega haber conocido el plan golpista del entonces mandatario.
El dilema del salvoconducto
La Cancillería de Perú informó que consultará a la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de decidir si otorga un salvoconducto que permita a Chávez salir del país rumbo a México, lo cual profundizaría la tensión diplomática con el gobierno mexicano.
Antecedentes
La exministra, también exlegisladora, estuvo en prisión desde junio de 2023 hasta septiembre de este año, cuando un juez le otorgó libertad para continuar su defensa. Su nueva orden de captura revive un proceso que ha marcado uno de los capítulos más tensos de la crisis política peruana.
