El presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como otros funcionarios de su gobierno, fueron denunciados penalmente este miércoles por presunta corrupción en contratos de provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón —representante legal de Cristina Fernández en diversas causas—, quien señaló la existencia de “un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”. Según la presentación judicial, los hechos encuadrarían en delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.
Además de los hermanos Milei, la denuncia alcanza al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem (primo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem), al titular de Andis y exabogado de Milei, Diego Spagnuolo, y al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de la distribuidora Suizo Argentina S.A.
Los audios que detonaron la denuncia
Horas antes de la denuncia se difundieron audios en medios locales en los que una voz, presuntamente la de Spagnuolo, describe un esquema de recaudación ilegal de sobornos. En uno de ellos afirma que la red operaba con conocimiento del entorno presidencial:
“Él (Milei) no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita”.
En otro fragmento, el supuesto Spagnuolo asegura haber advertido al mandatario sobre la situación, y en un tercero identifica a una empresaria vinculada a la familia Menem como pieza clave del circuito de sobornos, señalando que percibiría “medio millón de dólares por mes en medicamentos”.
Según la denuncia, la empresa Suizo Argentina habría funcionado como vehículo para el desvío de fondos públicos a través de sobreprecios y retornos exigidos a proveedores.
Lo que sigue
Dalbón solicitó allanamientos en las oficinas de Andis, la Secretaría General de la Presidencia y la empresa Suizo Argentina, además de un análisis financiero de esta última por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) y datos societarios a la Inspección General de Justicia (IGJ).
En paralelo, diputados opositores exigieron explicaciones a Karina Milei y a Spagnuolo durante la sesión legislativa en la que también se discutió la declaración de emergencia en materia de discapacidad. Esta iniciativa —que obligaba al Estado a incrementar la asistencia al sector— fue vetada por Javier Milei a comienzos de mes.
