Estados Unidos ejecutó una intervención militar directa en Venezuela y el presidente Donald Trump anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien habría sido trasladado fuera del país para enfrentar cargos por tráfico de armas y drogas. Washington afirmó que la operación incluyó bombardeos contra infraestructura militar en Caracas, marcando la acción más directa de EE.UU. en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.
La Casa Blanca presentó la ofensiva como parte de una estrategia contra el narcotráfico y organizaciones criminales, reiterando acusaciones contra el llamado “Cartel de los Soles”, designado por EE.UU. como organización terrorista extranjera. El gobierno venezolano ha negado dichas acusaciones y sostiene que la intervención confirma un objetivo de cambio de régimen y control de recursos estratégicos, incluido el petróleo.
Washington no reconoce a Maduro como presidente tras las elecciones de 2024, consideradas no libres ni justas por observadores internacionales. La captura del mandatario es vista por sectores del gobierno estadounidense como una victoria política, mientras que en Venezuela se teme una escalada de violencia y fragmentación del poder, dado el control del Estado sobre el ejército, el sistema judicial y grupos armados irregulares.
El futuro inmediato del país permanece incierto. EE.UU. ha señalado su respaldo a la oposición venezolana, aunque esta se encuentra dividida y enfrenta un aparato estatal aún cohesionado. En la región, la intervención genera tensiones: algunos gobiernos rechazan el uso de la fuerza, mientras otros guardan cautela ante un reordenamiento político impulsado por Washington.
Los acontecimientos colocan a Venezuela en un punto crítico, con riesgos de inestabilidad prolongada y repercusiones geopolíticas para América Latina.
