Los agentes federales que dispararon y causaron la muerte del enfermero Alex Pretti, durante un operativo migratorio realizado el pasado 24 de enero en Mineápolis, fueron identificados como Jesús Ochoa, integrante de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), reveló este domingo el medio estadounidense ProPublica.
De acuerdo con registros gubernamentales citados por la investigación periodística, Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35, fueron quienes accionaron sus armas contra Pretti, de 37 años, convirtiéndolo en la segunda persona fallecida a manos de agentes federales en Mineápolis en lo que va del año, después de la muerte de Renee Good, ocurrida el 7 de enero. Ambos agentes son originarios del sur de Texas.
Un informe enviado al Congreso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había confirmado previamente que dos agentes, de un grupo de ocho que rodeaban a Pretti mientras se encontraba en el suelo, realizaron los disparos, aunque sin revelar sus identidades. Dicho reporte se basó en una revisión interna de las cámaras corporales de los agentes, cuyas grabaciones no han sido difundidas públicamente.
Tras los hechos, el DHS informó que los agentes involucrados fueron suspendidos, mientras que el Departamento de Justicia anunció el inicio de una investigación por una posible violación a los derechos civiles, luego de intensas protestas sociales y exigencias de legisladores.
ProPublica detalló que Ochoa se integró a la Patrulla Fronteriza en 2018 y que, según su exesposa, era un entusiasta de las armas, llegando a poseer alrededor de 25 rifles, pistolas y escopetas. Por su parte, Gutiérrez ingresó a la CBP en 2014 y forma parte de un equipo de respuesta especial que ejecuta operativos de alto riesgo, similares a los de unidades SWAT.
Las protestas se intensificaron luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificara la actuación de los agentes al calificar el caso como “terrorismo doméstico”, lo que generó indignación entre activistas y organizaciones civiles.
En este contexto, el presidente Donald Trump ordenó retirar a los agentes federales de las manifestaciones en Mineápolis y otras ciudades gobernadas por demócratas, aunque aseguró que se mantendrá la protección de instalaciones federales. El caso también ha reavivado el debate sobre la práctica, considerada poco usual, de permitir que agentes federales oculten su identidad durante operativos, lo que —según ProPublica— dificulta la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
