En 2022, Estrella, una niña de 13 años, fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar menor de edad. Como resultado de esta agresión, quedó embarazada sin saberlo y semanas después sufrió un aborto espontáneo en una comunidad periférica de Querétaro. Este trágico evento ha desencadenado una serie de acciones legales que han puesto en evidencia las inconsistencias y la vulnerabilidad de las víctimas en el sistema judicial mexicano.
La menor fue atendida en un hospital que notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual abrió una investigación por el delito de aborto. Derivado de esta investigación, las autoridades estatales buscan sentenciar a Estrella a tres años de prisión y una reparación del daño de 518 mil pesos para su agresor sexual, quien es el padre del feto.
Cabe mencionar que, sobre la investigación por abuso, la Fiscalía de Querétaro decidió no ejercer la acción penal.
En una entrevista, Mayra Dávila, fundadora y representante de Adax Digitales AC, quien también lleva la representación jurídica de la menor, señaló que desde el inicio de la investigación ha habido varias inconsistencias que dejaron en una condición de vulnerabilidad a Estrella, quien desconocía su estado.
“Hay un peritaje mal realizado en la carpeta de investigación, el cual sugiere que Estrella privó de la vida a un producto de la gestación. Sin embargo, un meta peritaje muestra que la causa de la muerte del feto fue vía uterina y presenta todos los elementos de una muerte prematura; ya estaba muerto”, explicó Dávila.
Asimismo, Dávila indicó que no se están tomando en cuenta las condiciones que ponen a la menor en una situación muy vulnerable, como el hecho de que pertenece a una comunidad de un municipio periférico de Querétaro, completamente de migrantes en condiciones rurales, lo que limita los servicios de educación y salud, entre otros.
Cabe señalar que en ningún momento Estrella trató de deshacerse del producto, el cual incluso sacó de la taza del baño para asegurarse de que ya no estuviera vivo.
Actualmente, la menor cuenta con una medida cautelar de arraigo domiciliario y únicamente se le permite salir para las audiencias. La próxima semana se determinará el inicio del proceso en el que se decidirá si la menor será sentenciada por un aborto espontáneo.
Durante su tiempo en detención, únicamente se le permite, como medida a su favor, tener atención psicológica, la cual fue proporcionada solo después de ser solicitada y no de manera inicial.
De acuerdo con Mayra Dávila, este no es un caso aislado. En Querétaro existen al menos siete mujeres más que están enfrentando procesos penales por interrumpir su embarazo o haber tenido abortos espontáneos.
Estos casos, asegura, son una muestra del nulo interés de las autoridades por respetar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la no criminalización del aborto establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021.
“Consideramos que Querétaro aún tiene mucho que trabajar en la materia de despenalización del aborto. Tenemos conocimiento de que existen muchas más carpetas de investigación iniciadas. Creemos que aún existe un alto impacto por parte de grupos religiosos”, precisó Dávila.
Este caso pone de manifiesto las deficiencias en el sistema judicial y la necesidad urgente de proteger los derechos de las mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad. La comunidad y las autoridades deben trabajar juntas para garantizar que casos como el de Estrella no vuelvan a ocurrir y que se respete la dignidad y los derechos de todas las personas.
