El Gobierno de México, a través de la SSPC y la SHCP, suspendió temporalmente actividades en 13 casinos tras una investigación financiera que detectó movimientos irregulares y presentó denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales.
La UIF bloqueó cuentas y clasificó a las empresas como de alto riesgo; además se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y se congelaron cuentas bancarias vinculadas a las operaciones detectadas. Las acciones se han coordinado con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países.
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación se fortalece con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para impedir que el flujo de dinero fortalezca a grupos de la delincuencia organizada. El secretario Omar García Harfuch anunció una nueva fase de prevención que incluirá detección temprana, modelos predictivos con inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales.
Las empresas señaladas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California; se documentaron operaciones inusuales por montos de hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales hacia empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y países europeos.
La Procuraduría Fiscal describió un esquema operativo en seis pasos: obtención de datos bancarios mediante engaño o robo de identidad; envío de tarjetas prepagadas o códigos con fondos de origen desconocido; apuestas físicas o en línea que se registran como grandes ganancias; desvío inmediato de fondos a cuentas en el extranjero y paraísos fiscales; uso eventual de las cuentas de víctimas para reenviar recursos; y repetición masiva del proceso para blanquear dinero.
