El gobierno del presidente Donald Trump desmanteló en la práctica un programa del Departamento de Justicia que durante más de 60 años ha facilitado representación legal accesible para inmigrantes de bajos ingresos.
Se trata del Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A), una iniciativa que permite acreditar a personal de organizaciones comunitarias —sin ser abogados— para asistir en trámites migratorios. Su objetivo es ampliar la disponibilidad de asesoría legal competente para personas en situación vulnerable.
De acuerdo con reportes, los abogados asignados al programa fueron transferidos a tribunales de inmigración, dejando únicamente a dos empleados de apoyo sin facultades para otorgar nuevas acreditaciones, lo que limita la operación del esquema.
El programa, adscrito a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, ha permitido acreditar a cerca de 2 mil 600 representantes de organizaciones como Catholic Charities y Jewish Family Services, quienes brindan orientación a extranjeros con procesos migratorios en curso.
Aunque un funcionario federal negó su eliminación formal, la reconfiguración operativa reduce de manera significativa su capacidad de funcionamiento.
La medida se suma a otras acciones adoptadas por la administración estadounidense que restringen el acceso de los inmigrantes al sistema legal en materia migratoria.
