El Gobierno de México presentó un nuevo informe sobre la desaparición de personas, un fenómeno que organismos como la Organización de las Naciones Unidas consideran reflejo de la grave crisis de violencia y violaciones a derechos humanos en el país.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al señalar que era necesario depurar las cifras para tener mayor claridad sobre el fenómeno.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que el registro contabiliza actualmente 132 mil 534 personas desaparecidas. Sin embargo, tras el análisis gubernamental, se identificaron distintos grupos dentro de esa cifra.
Entre ellos, 2 mil 356 casos corresponden a desapariciones ocurridas entre 1952 y 2005, relacionadas con periodos de represión estatal. De los más de 130 mil registros restantes, se detectaron 46 mil 742 con datos incompletos, 40 mil 308 personas que han realizado trámites oficiales —lo que sugiere que están localizables— y 43 mil 128 casos con información completa sin rastro de las víctimas.
Además, de estos últimos, las fiscalías estatales solo han abierto 3 mil 869 carpetas de investigación, lo que evidencia rezagos en la procuración de justicia.
Sheinbaum sostuvo que la revisión permitirá enfocar mejor los esfuerzos de búsqueda y garantizar que cada caso cuente con una investigación formal, como lo establece la ley.
No obstante, organizaciones civiles rechazaron las conclusiones del informe. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que reducir la cifra a poco más de 43 mil casos “minimiza la dimensión de una crisis” que afecta a miles de familias.
En la misma línea, la organización Fundar señaló que vincular el número de desaparecidos únicamente con las carpetas de investigación abiertas es una forma de evadir la responsabilidad del Estado.
Por su parte, Amnistía Internacional respaldó las cifras originales del RNPDNO y llamó al Gobierno a incluir a familiares de víctimas y expertos en el diseño de políticas públicas, además de transparentar la metodología utilizada en la revisión.
El debate reaviva la tensión entre autoridades y colectivos de búsqueda, en un país donde la desaparición de personas sigue siendo una de las crisis humanitarias más graves y persistentes.
