El Gobierno de Francia presentó un proyecto de ley especial para garantizar la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la ausencia de un Presupuesto aprobado para 2026, mientras el Ejecutivo abre una negociación contrarreloj con la oposición parlamentaria, con enero como plazo límite.
Tras un Consejo de Ministros extraordinario, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, reconoció que la iniciativa es una solución temporal. Señaló que se trata de un “paliativo” que otorga algunas semanas adicionales para alcanzar acuerdos con los distintos grupos políticos.
De acuerdo con la funcionaria, el presidente francés Emmanuel Macron consideró que esta salida provisional “no es satisfactoria” y urgió al Ejecutivo a presentar lo antes posible, durante enero, un Presupuesto que contemple un déficit público equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto.
El proyecto deberá ser debatido y votado en el Parlamento, donde el Gobierno cuenta con una mayoría limitada. La ley permitiría mantener en funcionamiento los servicios básicos del Estado, como comisarías, escuelas y el pago de salarios a los funcionarios, mientras se definen las nuevas cuentas públicas.
El Ejecutivo encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu tenía como fecha límite el 31 de diciembre para aprobar el Presupuesto 2026, objetivo que no se logró debido a la fragmentación y desacuerdos en la Asamblea Nacional.
Como parte del proceso de negociación, Lecornu sostuvo reuniones con líderes de los principales partidos políticos, con excepción de la extrema derecha de Marine Le Pen y el partido La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que rechazaron cualquier diálogo con el Gobierno. La ronda de conversaciones evidenció un consenso mayoritario para prorrogar las cuentas, aunque persisten fuertes diferencias sobre el contenido del nuevo Presupuesto.
El líder socialista Olivier Faure acusó a la derecha de negarse a cualquier compromiso y reiteró que su bancada mantendrá exigencias centradas en una mayor justicia social y en evitar recortes a los servicios públicos. En contraste, sectores conservadores y de la coalición oficialista rechazan incrementos de impuestos y promueven recortes del gasto como vía para equilibrar las finanzas.
A este escenario se suman las advertencias de organismos económicos y del Tribunal de Cuentas. Su presidente, Pierre Moscovici, subrayó que Francia debe respetar la ruta fiscal comprometida con la Unión Europea, que prevé reducir el déficit por debajo del 3 por ciento del PIB en 2029, al advertir que la credibilidad financiera del país está en juego.
La falta de un acuerdo presupuestal se da además en un contexto político complejo, marcado por la cercanía de las elecciones municipales de marzo y la perspectiva de los comicios presidenciales de 2027, factores que podrían dificultar aún más la adopción de medidas fiscales de fondo.
