“Hola. La red nos secuestró. Por favor, llamen a la policía”. El mensaje, encontrado en bolsitas de droga entregadas a clientes en Marsella, expone la magnitud del problema que enfrenta Francia para frenar el reclutamiento y la explotación de adolescentes por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
De acuerdo con el fiscal de Marsella, Nicolas Bessone, existen cada vez más menores víctimas de violencia extrema, secuestros y castigos dentro de estas redes, aunque la mayoría de los casos no se denuncian por la imposición de la ley del silencio. El funcionario afirmó que la situación ya puede calificarse como trata de seres humanos.
En los últimos años, Francia ha registrado un repunte de la violencia asociada al tráfico de drogas. Tan solo en 2024 se contabilizaron 110 muertos y 341 heridos, con Marsella como uno de los principales focos del fenómeno. Desde antes de la pandemia de covid-19, cientos de adolescentes, muchos con conflictos familiares y captados a través de redes sociales, llegan a la ciudad para trabajar en puntos de venta de droga bajo condiciones de explotación.
Uno de los pocos casos que derivó en acciones judiciales es el de “Hakim”, quien a los 15 años fue trasladado desde la región de París a Marsella. Tras su llegada, le retiraron el teléfono, lo mantuvieron en condiciones precarias y lo obligaron a vigilar un punto de venta. Posteriormente fue sometido a violencia física y sexual como castigo, con amenazas para asegurar su silencio.
Situaciones similares se han documentado en otras barriadas, donde menores han sido golpeados, retenidos y obligados a vender droga sin recibir pago. En algunos casos, la violencia se ha extendido a familiares, como método de presión para saldar supuestas deudas o forzar una mayor explotación.
Ante este escenario, la justicia francesa comenzó a modificar su enfoque. Según Isabelle Fort, responsable del polo de criminalidad organizada en la fiscalía de Marsella, muchos adolescentes llegan de manera voluntaria, pero rápidamente son tratados como esclavos. Por ello, se busca considerar su condición de víctimas de explotación criminal.
En julio, UNICEF advirtió que es contrario al derecho internacional procesar penalmente a menores explotados por redes criminales en lugar de brindarles protección como víctimas. En enero, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, recomendó abordar estos casos bajo la figura de trata de seres humanos, un criterio que la fiscalía de Marsella ya comenzó a aplicar en varias investigaciones.
No obstante, autoridades judiciales advierten sobre el riesgo de eliminar por completo la responsabilidad individual, al señalar que algunos jóvenes son atraídos por ingresos mayores a los que obtendrían en sus lugares de origen. Especialistas y responsables de centros de atención coinciden en que, sin alternativas reales de reintegración social, el cambio de paradigma podría resultar insuficiente para frenar la explotación de menores por el narcotráfico.
