Francia cuenta desde este lunes con un presupuesto aprobado para 2026, luego de que el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu superara dos mociones de censura presentadas por la izquierda —sin el apoyo de los socialistas— y por la extrema derecha de Marine Le Pen. Las iniciativas fueron rechazadas en la Asamblea Nacional, lo que permitió al Ejecutivo encarar la recta final del segundo y último mandato presidencial de Emmanuel Macron.
La moción impulsada por La Francia Insumisa, Los Verdes y el grupo GDR obtuvo 260 votos, por debajo de los 289 necesarios para derribar al gobierno, mientras que la presentada por la Agrupación Nacional reunió 130 apoyos. Ante el bloqueo parlamentario, Lecornu recurrió al artículo 49.3 de la Constitución, que autoriza aprobar el presupuesto sin votación, pese a haber prometido no hacerlo.
El primer ministro acusó a la oposición de haber “saboteado” el debate presupuestario y defendió la medida como necesaria para dotar de estabilidad al país y evitar un nuevo adelanto electoral, escenario que promovían sectores de izquierda y la ultraderecha.
Déficit y concesiones sociales
El presupuesto fija un déficit público cercano al 5 % del PIB en 2026, frente al 5.4 % del año anterior, dentro de la senda comprometida con la Unión Europea para reducirlo por debajo del 3 % en 2029. Incluye concesiones acordadas con los socialistas, como comidas a un euro para estudiantes, aumento de la prima de empleo para trabajadores de bajos ingresos y un impuesto a sociedades tenedoras de activos.
El presupuesto de la Seguridad Social ya había sido aprobado en diciembre, tras el respaldo socialista a cambio de suspender la reforma de pensiones de 2023 hasta después de las presidenciales de 2027.
Agenda y retos finales
Con el principal encargo cumplido, Lecornu prevé pasar página del presupuesto, enfocarse en las elecciones municipales de marzo y preparar una remodelación ministerial, en un contexto de minoría parlamentaria que limita su margen de maniobra.
Entre los retos inmediatos destacan un proyecto de ley agrícola de urgencia antes del verano —centrado en depredación de ganado, gestión del agua y costos de producción—, un plan contra la crisis inmobiliaria para simplificar normas urbanísticas e impulsar la construcción, y la revisión de la Ley de Programación Militar para el periodo 2026-2030, con énfasis en munición, drones, defensa aérea y personal. Además, el Ejecutivo trabaja en una reforma de prestaciones sociales para unificar ayudas y asegurar que el ingreso laboral supere al social, con aplicación plena prevista después de 2030.
