La agencia calificadora Fitch Ratings colocó este martes en observación positiva las calificaciones crediticias de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego del anuncio de una operación financiera por 9.500 millones de dólares respaldada por el Gobierno federal, la cual podría mejorar sustancialmente el perfil crediticio de la petrolera estatal.
En un comunicado, Fitch informó que las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR, por sus siglas en inglés) en moneda local y extranjera de Pemex se mantienen en ‘B+’, pero fueron ubicadas bajo la denominación Rating Watch Positive (RWP), lo que indica una posible mejora en el corto plazo.
La calificadora detalló que, de concretarse exitosamente la operación —denominada P-Cap—, la nota podría subir hasta dos escalones, alcanzando la categoría ‘BB’. La operación contempla la emisión de Notas Pre-Capitalizadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cubrir vencimientos de deuda de corto plazo de Pemex.
“La operación representa un compromiso tangible del Gobierno mexicano con Pemex”, destacó Fitch, al señalar que esto permitiría mejorar la evaluación del subfactor de “precedentes de apoyo” en sus criterios para entidades relacionadas con el gobierno (Government-Related Entities o GRE).
Dicho subfactor pasaría de “no suficientemente fuerte” a “fuerte”, lo que implicaría una mejora automática de dos niveles en la calificación crediticia. Además, Fitch reconoció los recientes cambios legislativos que permiten a Pemex compartir límites de endeudamiento con Hacienda, así como la creciente supervisión gubernamental, lo que podría fortalecer aún más su perfil.
Persisten riesgos estructurales
A pesar del respaldo financiero, Fitch mantuvo el perfil crediticio individual (PCI) de Pemex en ‘ccc-’, debido a su elevada deuda, estimada en 101.500 millones de dólares al primer trimestre de 2025, su flujo de caja limitado, pérdidas operativas y una estructura financiera débil.
La agencia también advirtió sobre la falta de inversión, los pasivos ambientales y laborales, y el historial negativo en factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), que dificultan su acceso a capital. Entre los incidentes más preocupantes, Fitch mencionó múltiples incendios, emisiones contaminantes y accidentes que han causado lesiones e incluso la muerte de trabajadores.
La SHCP subrayó que esta operación se enmarca en la Ley Federal de Deuda Pública y otras disposiciones legales, y forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo federal para garantizar la seguridad energética y el desarrollo económico nacional.
“El Gobierno de México reafirma su compromiso con el manejo prudente de las finanzas públicas y con el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, como motores del desarrollo nacional”, aseguró la dependencia.