El voto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf será determinante para que el próximo lunes se avale la figura del “superdelegado” de Bienestar, impugnada por legisladores y partidos de oposición, que presentaron una acción de inconstitucionalidad a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que entraron en vigor con la presente administración.
El proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar planteó la eliminación de la nueva figura administrativa, con el argumento de que sus facultades no quedaron suficientemente delimitadas por el legislador.
Esta condición, se indicó, puede generar incertidumbre jurídica, se vulnera la división de poder y se distorsiona el sistema federal de competencias, con la creación de las “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, a partir de la eliminación de 2 mil 300 delegaciones de dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Todas esas funciones quedaron concentradas en un solo funcionario por entidad, en la figura que se conoce como “superdelegado», encargado de coordinar, implementar y supervisar los planes de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal.
Legisladores y partidos de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad, al considerar que con esta figura se creó una instancia centralizada y con posibilidades de utilizarse para el control político en el manejo de programas.
Esta argumentación fue considerada en el proyecto de sentencia del ministro Aguilar; sin embargo, en la discusión, cinco ministros plantearon que los superdelegados no tienen más facultades que las que les otorga la Secretaría de Bienestar.