El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hizo un llamado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para reconsiderar su postura y colaborar en el proceso de democratización del Poder Judicial. Durante su intervención, Fernández Noroña acusó a la ministra de mantener una “actitud facciosa” y de haber llevado una “conducción política desafortunada” al frente del máximo tribunal del país.
“El 5 de noviembre la Suprema Corte se desfondó, se derrotó a sí misma, evidenciando su manejo faccioso. Este es el momento de reconsiderar y ayudar a que se haga una transición y se lleve a cabo la elección de las personas juzgadoras, algo que no tiene marcha atrás”, señaló el senador.
Además, Fernández Noroña instó al Instituto Nacional Electoral (INE) a reactivar los trabajos necesarios para organizar la primera elección directa y universal de jueces y magistrados, programada para el 1 de junio de 2025. Subrayó que este proceso representa un paso histórico hacia la democratización del Poder Judicial en México, destacando que promoverá la paridad de género en un ámbito que históricamente ha estado dominado por hombres.
Llamado a la participación de mujeres en la elección
En el marco de este proceso, Fernández Noroña destacó la importancia de que más mujeres se sumen como candidatas para las elecciones del Poder Judicial. Informó que, hasta ahora, solo el 30% de las personas registradas son mujeres, lo que representa un desafío para alcanzar la equidad.
“El primer domingo de junio se eligen a las personas juzgadoras mediante voto universal, secreto y directo. Es una oportunidad única para abrir el Poder Judicial y garantizar la paridad de género. Invito a las mujeres mexicanas a participar, a registrarse antes del 24 de noviembre. Necesitamos que este proceso permita la llegada de muchas ‘Benitas Juárez’, mujeres del corazón del pueblo que impulsen una justicia más equitativa y cercana a la sociedad”, enfatizó.
El proceso electoral para la selección de jueces y magistrados busca transformar la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía, marcando un precedente para otros sistemas democráticos en el mundo. Según Fernández Noroña, esta iniciativa es una muestra del compromiso de México con la democratización y la igualdad de género en todos los niveles del gobierno.
