El pequeño comercio mexicano enfrenta una presión creciente del crimen organizado. Más allá del “derecho de piso”, en distintas regiones del país los tenderos son forzados a vender mercancía ilegal, pirata o adulterada bajo amenaza. Esta práctica expande la red delictiva e incorpora a miles de tiendas de barrio como eslabones involuntarios.
El impacto económico es severo. El general colombiano en retiro Juan Carlos Buitrago, especialista en seguridad del comercio legal, advierte que en México “solo en el sector textil se pierden cerca de 250 mil empleos al año”, y que “seis de cada 100 establecimientos en Ciudad de México han cerrado como resultado del comercio informal”. La pérdida fiscal agrava la falta de recursos públicos para educación, salud y cultura.
Cuauhtémoc Rivera, director de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), describe un entorno dominado por la economía del mercado negro: “En México, si hay 10 pequeños comercios, cuatro padecen violencia y extorsión. Y probablemente son más, porque muchos no lo denuncian”.
El Observatorio Nacional Ciudadano documenta que en 2021 se cometieron 4.9 millones de extorsiones, pero solo 246 mil se denunciaron. De ellas, apenas 129 mil derivaron en carpetas de investigación. El bajo nivel de castigo y la alta rentabilidad hacen del delito un negocio estable para los grupos criminales.
El control va más allá del cobro de cuotas. En estados como Sinaloa y Guerrero, los grupos delictivos imponen marcas, precios y distribución de productos. Rivera ejemplifica: “En Culiacán controlan el comercio de cigarros de contrabando; en Guerrero, el de pollo, huevo o cerveza”.
El fenómeno tiene alcance global. Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, advierte que las mafias “infiltran productos ilícitos en las cadenas legales de distribución y utilizan la misma infraestructura del comercio internacional”.
Uno de los sectores más golpeados es el del tabaco. Según el estudio Cigarros ilegales y crimen organizado del Colegio de México, el comercio ilícito de cigarros creció de 8.5% en 2017 a 20.4% en 2023. Un reporte del Instituto Politécnico Nacional eleva la cifra a 28% en 2025, con pérdidas fiscales de 26,700 millones de pesos anuales.
El contrabando se mueve por puertos y fronteras como Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Altamira, Tijuana y Nuevo Laredo. Desde centros de acopio como Tepito o San Juan de Dios, la mercancía fluye a bodegas menores y a tiendas de barrio. La corrupción aduanal y local facilita el tránsito.
El tendero queda atrapado. Debe elegir entre vender lo impuesto o cerrar. Rivera sintetiza: “Los comerciantes no buscan pleito, solo sobrevivir. Pero cuando los amenazan, no hay opción”.
La normalización del delito es el mayor riesgo. Si la extorsión se vuelve parte de la vida económica, la legalidad se erosiona y el Estado pierde autoridad. México enfrenta una economía paralela sostenida por la violencia y la impunidad, que sofoca al comercio legal y destruye el tejido social que sostiene a las comunidades.
