La de Hoy Querétaro — Exoficiales del ejército argentino y familiares realizaron una manifestación en Plaza de Mayo para exigir la liberación de militares condenados por crímenes de la dictadura (1976–1983). La movilización irrumpió en el epicentro simbólico del “Nunca Más”, territorio histórico de las Abuelas de Plaza de Mayo, y reactivó una disputa central: la integridad del consenso argentino sobre memoria, verdad y justicia.

El acto fue leído como una señal de quiebre. La presencia de exmilitares reivindicando la represión, en un sitio asociado a las víctimas de desaparición forzada, marcó una provocación explícita. La contramarcha, integrada por organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos, respondió con consignas que reafirmaron la cifra emblemática de 30.000 víctimas.

El gobierno de Javier Milei sostiene una narrativa distinta a la de las administraciones anteriores. El presidente relativiza sistemáticamente el terrorismo de Estado, lo presenta como una “guerra” contra guerrillas y rechaza el enfoque tradicional de responsabilidad estatal. Su vicepresidenta, Victoria Villarruel, lleva años promoviendo la idea de “las otras víctimas”: personas asesinadas por organizaciones armadas de izquierda. Este giro político alimentó el clima que permitió la manifestación del sábado.

El nombramiento del jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, como ministro de Defensa profundizó el mensaje. Es el primer militar en ocupar esa cartera desde 1983. El propio gobierno lo celebró como el fin de la “demonización” de las fuerzas armadas.

Los organizadores de la marcha —algunos con vínculos directos con operativos represivos previos al golpe de 1976— denunciaron una supuesta “injusticia histórica” contra militares condenados. Sus pañuelos negros respondieron simbólicamente a los pañuelos blancos bordados por las Abuelas de Plaza de Mayo.

La contramarcha articuló el rechazo. Familiares de desaparecidos enfatizaron que los represores se manifestaron protegidos por policías y vallas, un contraste radical con el sentido original de la plaza. Las consignas “Nunca Más” y “Los 30.000 están presentes” se dirigieron directamente a los veteranos que reivindicaron la represión.

El contexto internacional añadió presión. Un día antes, el Comité contra la Tortura de la ONU advirtió sobre el desmantelamiento de políticas de memoria y recortes presupuestales en instituciones dedicadas a investigar crímenes de la dictadura. El gobierno negó las observaciones y acusó a organizaciones de derechos humanos de lucrar políticamente.

El conflicto ya no es una disputa marginal. La escena del sábado en Plaza de Mayo mostró que el acuerdo construido durante cuatro décadas —un pacto civil sobre la responsabilidad del Estado en el terrorismo de los años setenta— atraviesa un momento de tensión inédita desde el retorno democrático.

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