Una coalición de estados gobernados por demócratas presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por la imposición de una tarifa de 100 mil dólares a las visas H-1B, al considerar que la medida rebasa las facultades otorgadas por el Congreso y busca desmantelar de facto el programa.
La acción legal es encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con las fiscalías de Massachusetts y Nueva York, entre otros estados. La demanda impugna una política anunciada en septiembre por la administración Trump y ejecutada a través del Departamento de Seguridad Nacional, bajo el argumento de que el programa de visas está sobreutilizado.
Las visas H-1B permiten a profesionales extranjeros con formación universitaria o equivalente trabajar en ocupaciones especializadas en Estados Unidos. De acuerdo con los fiscales demandantes, el Congreso ya estableció límites, tarifas y mecanismos de supervisión para este esquema, sin autorizar cargos extraordinarios de seis cifras.
Bonta sostuvo que la nueva tarifa generará una carga financiera severa para empleadores públicos y privados, afectando la cobertura de vacantes laborales estratégicas. Señaló que el programa sostiene a miles de trabajadores en sectores críticos como salud, educación e investigación. Según datos citados por el fiscal, cerca de 30 mil educadores y 17 mil profesionales de la salud laboran actualmente bajo este tipo de visa.
Durante la presentación de la demanda, Bonta subrayó que California ha interpuesto 49 acciones legales contra el Gobierno de Trump desde enero y afirmó que la política migratoria no puede modificarse por decisión unilateral del Ejecutivo. Afirmó que ningún presidente puede alterar el funcionamiento de escuelas, hospitales y universidades ignorando al Congreso y el marco constitucional.
El Departamento de Seguridad Nacional no emitió comentarios inmediatos sobre la demanda, mientras que el Departamento de Justicia declinó pronunciarse.
