La de Hoy Querétaro — Una coalición de más de una docena de estados liderados por fiscales generales demócratas presentó una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump, acusándola de intentar imponer una prohibición nacional a los tratamientos de cambio de sexo para menores de 19 años, bajo amenazas de persecución penal e investigaciones a proveedores médicos.
La demanda fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Massachusetts y sostiene que las acciones del gobierno federal —incluida una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 28 de enero— violan derechos fundamentales al limitar el acceso a atención médica considerada legal y vital para jóvenes transgénero.
“La administración está llevando a cabo una campaña de acoso cruel y selectivo”, declaró Letitia James, fiscal general de Nueva York, quien encabeza el litigio. “Están atacando a jóvenes que ya enfrentan enormes barreras sólo para existir. No dejaremos de luchar por su dignidad y seguridad”.
La querella judicial también nombra como demandados a la fiscal general Pam Bondi y al fiscal general adjunto Brett Shumate, quienes emitieron memorandos instruyendo al Departamento de Justicia a priorizar investigaciones y posibles cargos penales contra hospitales, médicos y empresas que brinden cuidados de transición a menores.
Como resultado directo de esta política, al menos tres hospitales infantiles —incluidos el Hospital Infantil de Los Ángeles y el National Children’s Hospital en Washington D.C.— han anunciado el cierre de servicios relacionados con la transición de género. Asimismo, el gigante de la salud Kaiser Permanente suspenderá este tipo de tratamientos a menores desde el 29 de agosto.
Desde la Casa Blanca, el vocero Taylor Rogers defendió las medidas: “El presidente Trump tomó acción para detener la mutilación y castración química de niños. Es una medida ampliamente respaldada por el pueblo estadounidense, y estamos seguros de que se sostendrá legalmente”.
La demanda busca frenar lo que los estados demandantes califican como una “agenda ideológica” que pone en riesgo vidas al impedir el acceso a atención médica basada en criterios clínicos. Entre los estados que respaldan la querella se encuentran California, Nueva York, Illinois, Michigan y Massachusetts, todos con legislación que permite dichos tratamientos.
El contexto internacional también ha cambiado: países como Reino Unido han comenzado a prohibir tratamientos como bloqueadores de la pubertad para menores, aunque bajo criterios distintos.
La batalla legal apenas comienza, pero el debate ya ha tensado las líneas entre derechos civiles, políticas sanitarias y la autoridad del Ejecutivo.
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