EFE / La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alista una propuesta que evite riesgos a la llegada al país de nuevas inversiones privadas, por la reforma judicial que impulsa el oficialismo en el Congreso para elegir a jueces y ministros por el voto popular y que propicia incertidumbre jurídica y de Estado de derecho.
Para ello, la patronal mexicana comenzó este lunes una serie de foros en todo el país, donde expertos y abogados reconocidos manifestarán su opinión respecto de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, parte de su último paquete de cambios legales a la Constitución, previo a la llegada de la nueva administración el próximo 1 de octubre.
“Hay un gran potencial de inversión fresca y tenemos que darle certidumbre jurídica a la inversión, y por eso el objetivo es encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certidumbre jurídica y con esto podamos tener un mejor desarrollo”, expresó este lunes en el primer foro José Medina Mora, presidente de la Coparmex.
El líder de la entidad que agrupa a más de 36.000 empresarios mexicanos responsables del 30 % del producto interno bruto (PIB), advirtió que dicha reforma preocupa a los empresarios “desde el punto de vista económico del país”.
Medina Mora reveló que proyectos de inversión en México que están autorizados y cuentan con financiamiento, se hallan detenidos por la incertidumbre jurídica que propició la reforma al PJF.
“Lo que nos han dicho (las empresas interesadas en México para invertir), es que si México entra en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular detendrán esas inversiones y eso es lo que nos preocupa”, señaló.
Incluso criticó que la mayor parte de la inversión extranjera directa es en su mayoría reinversión de utilidades y es muy poca la inversión “nueva y fresca”.
En este sentido, consideró que la afectación podría ser muy grande debido al “gran potencial de inversión” que observo derivado del fenómeno de la relocalización de las empresas o ‘nearshoring’.
Además, Medina Mora destacó que los cargos de jueces, magistrados y ministros no responden a un carácter de elección por voto popular, pues no defienden alguna demarcación territorial, sino lo que vigilan es que se aplique la ley.
Además, lamentó que se busque eliminar la carrera judicial en el PJF, que obligaba a los abogados a presentar concursos de conocimientos y experiencia para poder escalar a juez, magistrado o incluso a ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación.
Medina Mora consideró que este sistema debería de ampliarse a los estados y localidades del territorio mexicano en lugar de desaparecerlo por elecciones.
Elecciones judiciales son inviables
Por su parte, Juan Pablo Campos González, gerente de proyecto en la fundación alemana Konrad-Adenauer-Siftiung México, calificó de “inviable” la propuesta de que jueces y magistrados sean electos por el voto popular, así como que esta atenta contra la independencia y autonomía de los juzgadores mexicanos.
Dijo que además supone un ejercicio de organización muy grande pues se tendrían que elegir entre 4.698 candidatos a jueces y magistrados federales, así como a 39.978 locales.
Esto, dijo, supone el mismo número de candidatos y números muy grandes de papeletas en las mesas de votación que una sola persona tendrá que llenar, además de que serán el mismo número de actas que se tendrán que verificar, entre otra serie de supuestos.
Por ello, también demandó que se acompañe la reforma, de llevarse a cabo, de un proceso de preselección que garantice la idoneidad, los conocimientos teóricos y la experiencia necesaria para ocupar tan importantes cargos.
Además, consideró que haya una entrevista pública para dar transparencia y un comité técnico de evaluación de los perfiles, además de exámenes.
Advierten por el ‘poder absoluto’
En tanto, el abogado y exsubprocurador General de la República, Javier Coello, enfatizó que la intención detrás de la reforma judicial de López Obrador y que pretende aprobar con su amplia mayoría obtenida en las históricas elecciones de 2 de junio, es que el oficialismo obtenga el poder absoluto.
“Quieren tener los tres poderes; en conclusión, un poder de Estado absoluto. Tienen al (Poder) Ejecutivo, tienen el Legislativo y ahora quieren el Judicial”, sentenció.
Además, consideró que esta reforma es el resultado de “una auténtica venganza del Ejecutivo en contra del Poder Judicial”.
