El Congreso del Estado de México aprobó este lunes, con 55 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 18 en adoptar esta medida.
La reforma al artículo 248 del Código Penal estatal permite la interrupción del embarazo en ese periodo, además de derogar los artículos 249 y 250 y modificar el artículo 251, con el objetivo de garantizar que este servicio se ofrezca de manera gratuita, segura, informada y sin discriminación.
El dictamen incluye medidas para fortalecer la educación sexual para mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, así como el acceso a métodos anticonceptivos eficaces.
La diputada Anais Burgos, al presentar la iniciativa avalada previamente por la Comisión de Equidad de Género, destacó que más de 63,000 mujeres han acudido a la Ciudad de México para acceder a servicios de interrupción del embarazo, subrayando la necesidad de ofrecer alternativas locales. Según Burgos, la reforma no solo modifica aspectos penales, sino también administrativos y de salud.
Por su parte, la diputada Juana Bonilla señaló que la reforma al artículo 5 de la Constitución local busca garantizar que la ciudadanía pueda tomar decisiones libres y responsables sobre su cuerpo y salud sexual y reproductiva, sin violencia ni discriminación.
Con esta decisión, 18 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación (o 13 en el caso de Sinaloa). Este marco legal se alinea con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2021 determinó que la prohibición del aborto viola derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva y la igualdad.
El Estado de México se suma a otras entidades que han implementado medidas similares desde 2019, como Oaxaca, Veracruz, Baja California, Guerrero y, más recientemente, Chiapas. En otros estados, como Nayarit y Yucatán, la despenalización ha sido impulsada por resoluciones judiciales.
A nivel federal, la Suprema Corte emitió en 2023 una sentencia que obliga a las instituciones de salud federales a garantizar el acceso al aborto seguro, además de ordenar al Congreso federal reformar el Código Penal para eliminar el delito de aborto, un cambio que aún está pendiente.
