El dilema de prohibir o no los narcocorridos
Un nuevo episodio de violencia desatado tras la negativa del cantante Luis R. Conríquez a interpretar narcocorridos en un concierto en Texcoco ha reavivado el debate en México: ¿deben prohibirse estos temas musicales para combatir la violencia, o sería una forma de censura que ignora los problemas estructurales?
La presidenta Claudia Sheinbaum considera “absurda” la prohibición y apuesta por una estrategia basada en la conciencia social. Su visión busca erradicar la apología del narcotráfico o la violencia —incluida la violencia de género— no a través de vetos, sino mediante educación y cultura.
Sin embargo, dentro del propio partido oficialista Morena, han surgido voces a favor de la prohibición. El Estado de México, gobernado por ese partido, recordó este fin de semana que sancionará cualquier espectáculo que promueva la violencia o las drogas. Y en Michoacán, su gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció un decreto que vetará eventos públicos con contenido delictivo. Incluso en la oposición hay posturas similares: el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también ha restringido presentaciones de artistas ligados a mensajes criminales.
No es la primera vez que México debate esta medida. Desde hace décadas, los corridos —particularmente aquellos que ensalzan figuras del crimen organizado— han sido blanco de censura. A pesar de las restricciones, el género no solo ha sobrevivido, sino que ha evolucionado. Con la llegada de las redes sociales y nuevos exponentes como Peso Pluma, el llamado “corrido bélico” o “tumbado” ha alcanzado millones de oyentes.
Expertos como el sociólogo José Manuel Valenzuela advierten que la censura no resuelve el problema real: la violencia. Para él, prohibir es una respuesta superficial que no ataca las raíces del crimen ni las fallas institucionales. Además, señala que en algunos casos, los corridos se están transformando para visibilizar problemáticas sociales, como los feminicidios.
La discusión toca fibras sensibles como la libertad de expresión. Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, insiste en que criminalizar a los artistas es una forma de eludir la responsabilidad del Estado frente a la impunidad y la violencia generalizada. Y recuerda que la Constitución mexicana prohíbe la censura previa, aunque sí permite sancionar discursos que inciten al odio o la violencia.
Mientras tanto, el debate sigue abierto. ¿Debe el Estado intervenir en lo que se canta en los escenarios? ¿O debe centrarse en garantizar justicia y seguridad para que los corridos dejen de reflejar una realidad de violencia que parece no tener fin?
