El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este martes que no buscará la pena de muerte contra tres de los narcotraficantes mexicanos más conocidos: Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. La decisión marca un giro inesperado en los procesos judiciales que se desarrollan en el Distrito Este de Nueva York.
El fiscal federal Joseph Nocella Jr. presentó tres cartas formales a los jueces encargados de cada caso, notificando que la fiscal general Pam Bondi “ha autorizado e instruido a su oficina” a desistir de la solicitud de pena capital contra los acusados.
La decisión sorprende, especialmente después de que el propio DOJ confirmara en abril pasado su intención de buscar la pena de muerte para Carrillo Fuentes y Caro Quintero, este último señalado como autor intelectual del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.
Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, y Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, fueron extraditados a Estados Unidos en febrero pasado. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Su entrega fue interpretada en su momento como una respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum a la presión política del presidente Donald Trump, quien ha exigido mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
En el caso de Ismael Zambada, considerado uno de los últimos grandes capos históricos del narcotráfico en libertad hasta su detención en julio de 2024, la Fiscalía había anunciado apenas en junio que aún evaluaba solicitar la pena de muerte. El líder del Cártel de Sinaloa, quien fue capturado junto a Joaquín Guzmán López —hijo del Chapo Guzmán— al ingresar presuntamente de forma engañosa a territorio estadounidense, solicitó a principios de este año su repatriación a México para evitar una posible sentencia de muerte.
Aunque las autoridades no ofrecieron una explicación detallada sobre la decisión, fuentes judiciales apuntan a factores diplomáticos y procesales, además de posibles acuerdos de colaboración no revelados.
El retiro de la pena capital reconfigura el panorama judicial de estos tres casos emblemáticos, pero no altera la gravedad de las acusaciones. Todos enfrentan cadenas perpetuas potenciales en cortes federales bajo cargos que incluyen tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y participación en organizaciones criminales.
