Ecuador ha expresado su preocupación y advertido a México sobre la eventual concesión de asilo diplomático al exvicepresidente Jorge Glas, quien actualmente se encuentra en calidad de “huésped” en la Embajada de México en Quito. La solicitud de asilo fue presentada por Glas tras ser requerido por la Fiscalía en relación con el caso ‘Reconstrucción’.
La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, ha informado que consideraría “absoluta firmeza” cualquier concesión de asilo por parte de México. Además, ha entregado la documentación pertinente sobre la situación judicial de Glas al Gobierno mexicano.
Ecuador sostiene que la concesión de asilo no sería lícita, basándose en el Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual ambos países son signatarios. Asimismo, señala que las Convenciones de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción de 2003 e Interamericana contra la Corrupción de 1996, también firmadas por Ecuador y México, buscan prevenir, combatir y sancionar la corrupción.
La solicitud de asilo por parte de Glas, quien argumenta ser un perseguido político, ha generado tensiones entre ambos países. El abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, alega que su cliente ha sido víctima de una “arremetida ilegal” por parte de la Fiscalía, la cual considera una respuesta a la presentación de un pedido de enjuiciamiento político contra la titular del Ministerio Público, Diana Salazar, por el movimiento político correísta Revolución Ciudadana al cual pertenece Glas.
Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante los Gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, estuvo previamente en prisión por una condena relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Actualmente, es objeto de una nueva investigación en el caso ‘Reconstrucción’, vinculado al presunto abuso de dinero público durante la emergencia por el terremoto de 2016.
La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó autorizar el juicio penal contra Glas en el caso ‘Reconstrucción’ el pasado jueves. Ante esto, la Fiscalía argumenta que no se requiere la autorización y continuará con el proceso judicial.
