El diputado federal Gilberto Herrera Ruiz ofreció su respaldo a las comunidades de Arroyo Seco que se manifestaron frente a las oficinas regionales de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en la Sierra Gorda queretana. La protesta surge por el excesivo cobro de 24 mil pesos por contrato de agua, en una región donde el 80 % de la infraestructura hidráulica fue financiada por el gobierno federal, dejando como pendiente únicamente la instalación de medidores cuyo costo oscila entre 600 y 800 pesos.
Denuncia por tarifas excesivas
“Es un abuso el negocio que está haciendo el gobierno estatal, estipulando en 24 mil pesos el cobro de contratos de agua. Esto es incosteable para las familias”, expresó el legislador morenista. Agregó que, aunque la CEA ofrece descuentos del 50 % y planes de pago, el monto final de 14 mil pesos incluye intereses, lo cual sigue siendo inaceptable.
Utilidades de la CEA contradicen las altas tarifas
Gilberto Herrera destacó que la CEA ha reportado utilidades cercanas a los 800 millones de pesos, según un estudio de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta cifra evidencia que no existen razones financieras que justifiquen las altas tarifas en comunidades que enfrentan pobreza y marginación.
El diputado solicitó a la Junta Directiva de la CEA exentar a las comunidades de estos cobros y extender la medida a todo el estado. “El agua no es una mercancía, es un derecho constitucional que debemos garantizar”, enfatizó, alineándose con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el acceso al agua como derecho humano.
Carencia de suministro y comercialización inhumana
En Jalpan de Serra, comunidades con contratos de agua denunciaron la falta de suministro durante dos meses, obligándolas a adquirir agua mediante pipas que cobran 200 pesos por metro cúbico. Herrera Ruiz reprobó esta situación y criticó la ley estatal que promueve la privatización del agua, calificándola como una inhumana comercialización del recurso.
Riesgos a la salud por agua contaminada
El diputado también manifestó su preocupación por la calidad del agua en Arroyo Seco, la cual proviene de Pinal de Amoles, una región minera. Indicó que la planta potabilizadora local no ha confirmado el uso de filtros para plomo y arsénico, lo que pone en riesgo a la población.
Estudios químicos de 2021 revelaron que el agua en la región no cumple con las normas referentes a metales pesados, lo que podría estar relacionado con los numerosos casos de cáncer infantil registrados en la Sierra Gorda queretana.
Exigencia al gobierno estatal
“El gobernador Mauricio Kuri debe priorizar el derecho humano al agua antes de destinar recursos hídricos para proyectos como la presa de El Batán, que beneficia principalmente a empresas de alto consumo”, concluyó Herrera Ruiz, reiterando su compromiso de acompañar a las comunidades en la defensa de su derecho al agua.
