El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D. C., al considerar que la prohibición local sobre armas semiautomáticas, incluido el rifle AR-15, vulnera derechos constitucionales protegidos por la Segunda Enmienda.
La acción legal es encabezada por la fiscal general Pam Bondi, quien anunció que la policía capitalina mantiene una prohibición indebida sobre el registro de diversas armas de fuego que, a juicio del gobierno federal, están amparadas por la Constitución.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la legislación vigente en Washington D. C. obliga a registrar cualquier arma de fuego ante la policía metropolitana; sin embargo, el propio código local establece una prohibición amplia para el registro de múltiples armas, lo que representa, según la demanda, una incursión inconstitucional en los derechos de ciudadanos que buscan poseer armas con fines legales.
El comunicado oficial señala que la negativa sistemática de la policía de Washington D. C. a registrar estas armas ha obligado a residentes a recurrir a litigios para defender sus derechos y, en algunos casos, a exponerse a detenciones injustificadas por la posesión legal de armas protegidas.
Bondi afirmó que la demanda refuerza el compromiso del Departamento de Justicia con la defensa de los derechos de la Segunda Enmienda y sostuvo que vivir en la capital del país no debería limitar el ejercicio del derecho constitucional a poseer y portar armas.
La acción judicial se da semanas después de que la fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, anunciara la creación de una nueva sección especializada en la Segunda Enmienda, con el objetivo de impugnar restricciones estatales y locales al derecho a portar armas.
Dhillon ha señalado que el Departamento de Justicia ha identificado prácticas como costos elevados para obtener permisos de portación, retrasos prolongados y prohibiciones sobre armas que, tras recientes resoluciones de la Corte Suprema, deberían considerarse constitucionalmente protegidas.
