Organizaciones de derechos humanos y familiares de la abogada Digna Ochoa, asesinada en 2001, denunciaron este miércoles el incumplimiento del Estado mexicano en las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cuatro años de la sentencia que condenó al país por la deficiente investigación del crimen.
Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señaló que de las 14 medidas de reparación dictadas en 2021, el Gobierno mexicano solo ha cumplido con una: la disculpa pública realizada en octubre de 2022.
“Estamos hablando de un incumplimiento del 93 %. El Estado mexicano no ha avanzado en lo que la Corte le ordenó, ni en justicia ni en medidas estructurales para la protección de personas defensoras”, apuntó Sánchez.
Exigen justicia y señalan responsables
Jesús Ochoa, hermano de la activista, recordó que la sentencia de la CIDH obliga a reabrir el caso e investigar también a los funcionarios cuyas acciones u omisiones obstaculizaron la investigación.
“El fallo fue muy claro: se debe investigar a quienes fabricaron la hipótesis del ‘suicidio simulado’ y a quienes frenaron la justicia. Han pasado cuatro años y no hay avances”, subrayó.
Nombró entre ellos al fiscal Renato Sales Heredia, así como a los exfuncionarios Margarita Guerra y Tejada, José Antonio Pérez Bravo, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Bernardo Bátiz Vázquez, recién electo como parte del Tribunal de Disciplina Judicial.
“No pedimos otra cosa más que justicia. Que la llamada cuarta transformación no sea solo obras y programas sociales, sino también compromiso con la justicia”, expresó Ochoa.
Falta de garantías para defensores y periodistas
De las medidas pendientes, organizaciones resaltaron la ausencia de una campaña nacional de reconocimiento a personas defensoras, la falta de un protocolo federal de investigación de agresiones y el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, que sigue siendo insuficiente.
Saulo Loya, del Espacio OSC, informó que entre 2016 y 2025 se han documentado 205 asesinatos de defensores y periodistas, además de 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones.
Advirtió que 47 % de los ataques provienen de funcionarios públicos y que el Mecanismo de Protección rechaza la mayoría de las solicitudes: 68 % de defensores y 45 % de periodistas entre 2023 y 2025.
“Esto refleja la falta de respuesta efectiva del Estado y explica por qué casos como el de Digna Ochoa siguen en la impunidad”, concluyó.
