La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió este martes al presidente Donald Trump desplegar a la Guardia Nacional en Chicago para proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al determinar que el Gobierno federal no acreditó una base legal que permita a las Fuerzas Armadas ejecutar las leyes en Illinois bajo ese esquema.
En una orden no firmada, el máximo tribunal sostuvo que, en esta etapa preliminar, la Casa Blanca no identificó una fuente de autoridad que justifique la federalización y despliegue de la Guardia Nacional para respaldar operativos migratorios. La corte señaló que el término “fuerzas regulares”, contenido en la ley invocada por el Ejecutivo, probablemente se refiere exclusivamente a las Fuerzas Armadas y no a agencias civiles como ICE.
El fallo establece que la facultad presidencial para federalizar a la Guardia Nacional “probablemente solo aplica cuando las Fuerzas Armadas pueden ejecutar legalmente las leyes”, lo que, de acuerdo con la mayoría, no ocurre en el contexto de la protección de agentes migratorios. Por ello, concluyó que el Gobierno no demostró que la legislación permita al presidente usar a la Guardia Nacional para proteger personal y bienes federales en Illinois en estas condiciones.
Los jueces conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch votaron en contra. Alito, con el respaldo de Thomas, sostuvo que la corte no explicó por qué la autoridad constitucional inherente del presidente para proteger a funcionarios y bienes federales no sería suficiente para justificar el uso de la Guardia Nacional, y advirtió que la decisión limita indebidamente la capacidad del Ejecutivo para responder a riesgos contra personal federal.
El juez Brett Kavanaugh coincidió con el sentido del fallo, aunque señaló que lo habría planteado de forma más limitada y advirtió que la interpretación adoptada podría tener implicaciones relevantes en futuras crisis.
La resolución llega tras una apelación de emergencia presentada por el Gobierno de Trump a mediados de octubre, luego de que tribunales inferiores bloquearan el despliegue. Un tribunal federal de distrito en Chicago consideró que el Ejecutivo excedió su autoridad y cuestionó la justificación para enviar fuerzas militares, al advertir una “tendencia preocupante” a equiparar protestas con disturbios. El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito confirmó en lo esencial esa determinación.
Trump había federalizado a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois y mantenía en espera a otros 400 de la Guardia Nacional de Texas, bajo el argumento de proteger a funcionarios y propiedades federales. Posteriormente, el Gobierno redujo el número de efectivos en espera ante una disminución de tensiones en una instalación de ICE en los suburbios de Chicago.
Durante el litigio, el Departamento de Justicia argumentó que persistían riesgos para agentes federales y defendió la autoridad presidencial para decidir cuándo existe una emergencia, apoyándose en el precedente histórico de Martin v. Mott de 1827. Illinois, por su parte, sostuvo que la ley no autoriza el uso de la Guardia Nacional para apoyar a agencias civiles en tareas de aplicación de la ley.
Con esta decisión, la Corte Suprema asesta una derrota inusual a la Casa Blanca y fija límites al uso de la Guardia Nacional en apoyo a operativos migratorios en ciudades estadounidenses.
